El que parecía ser un casamiento de ensueño en uno de los paisajes más imponentes del norte argentino terminó envuelto en un fuerte escándalo judicial y ambiental. La celebración en la Quebrada de las Conchas, en Salta, desató una polémica que escaló rápidamente y ya tiene consecuencias: el Gobierno provincial anunció que aplicará una multa "ejemplificadora" contra los organizadores.
La controversia comenzó cuando en redes sociales se viralizaron imágenes del evento, donde se veía a los invitados festejando con luces, música a alto volumen y una estructura montada en plena área natural protegida.
A partir de esa exposición, intervino la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que detectó una irregularidad clave: el permiso presentado para realizar el casamiento era falso. Las autoridades fueron contundentes al analizar la documentación. El secretario del área, Alejandro Aldazábal, explicó que el supuesto permiso carecía de cualquier validez legal y presentaba múltiples irregularidades.
"El papel que exhibía no tiene membretes, no tiene número de expediente, no tiene resolución, es muy improlijo", afirmó. Además, denunció una maniobra aún más grave: "Sacaron una foto de mi firma, la pegaron abajo y se nota al kilómetro que es una foto pegada".
Según se investiga, incluso el documento habría sido armado de manera precaria, con una firma recortada y pegada digitalmente, lo que derivó en una denuncia por presunta falsificación. Frente a este escenario, el Gobierno de Salta no solo inició un sumario administrativo sino que también avanzó con una denuncia penal para esclarecer lo ocurrido.
Desde la Provincia confirmaron que la sanción será ejemplar. "Lo suficientemente duro como para que no vuelva a suceder", anticiparon desde el área ambiental. El objetivo, explicaron, es dejar un mensaje claro sobre la necesidad de respetar las normativas en espacios naturales protegidos.
Qué dice la ley
El caso también puso el foco en la legislación vigente. Las actividades en áreas como la Quebrada de las Conchas están reguladas por la Ley 7.070 de Protección del Medio Ambiente y la Ley 7.107 del Sistema Provincial de Áreas Protegidas.
Estas normas exigen evaluaciones de impacto ambiental previas y autorizaciones formales emitidas por organismos competentes, con respaldo técnico y jurídico. Sin embargo, en este caso no existió ningún trámite oficial ni permiso válido, lo que agravó la situación.
Más allá de la sanción, el episodio generó un fuerte debate sobre el uso de espacios naturales para eventos privados. El despliegue de sonido, iluminación y estructuras en un entorno protegido encendió alarmas por el posible impacto ambiental.
Las autoridades de Salta ya anticiparon que reforzarán los controles para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse, en una reserva que resguarda un patrimonio natural y paisajístico único en el país