Mientras el Gobierno impulsa una reforma laboral presentada como "modernizadora", un informe académico reciente vuelve a poner en evidencia una realidad estructural que desmiente ese relato: en la Argentina, el trabajo informal no solo no retrocede, sino que se consolida como una de las principales fuentes de pobreza y desigualdad. Según el informe "Panorama del empleo informal y la pobreza laboral", elaborado por el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA, en el tercer trimestre de 2025 el 43,3% de las personas ocupadas se encontraba en la informalidad.
Esto quiere decir que más de cuatro de cada diez trabajadores quedaron por fuera de la protección laboral, previsional e impositiva Los datos, construidos a partir de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, muestran que la informalidad no es un fenómeno marginal ni transitorio. Entre los asalariados, la tasa alcanzó el 36,7%, prácticamente el mismo nivel que hace 17 años, lo que confirma que el mercado de trabajo argentino arrastra un núcleo duro de precarización que ninguna política oficial logró revertir de manera sostenida. Entre los trabajadores por cuenta propia, la situación es aún más crítica.
De acuerdo al documento al que tuvo acceso BigBang, casi 65% (64,7%) trabaja en la informalidad, sin aportes ni derechos básicos. Lejos de tratarse solo de un problema administrativo, el informe expone el vínculo directo entre informalidad y pobreza. En el segundo trimestre de 2025, el 38% de los trabajadores informales era pobre, frente a apenas el 5% de los trabajadores formales. Dicho de otro modo, tener empleo dejó de ser una garantía para no caer bajo la línea de pobreza. De hecho, cuatro de cada diez ocupados informales vivían en hogares pobres, un dato que desnuda el fracaso de un modelo económico que tolera -y en los hechos reproduce- el trabajo sin derechos.
El impacto de esta precarización no es homogéneo. Las mujeres presentan una tasa de informalidad más elevada que los varones (45% contra 42%), y los jóvenes son el grupo más castigado: casi 7 de cada 10 trabajadores de entre 16 y 24 años están en la informalidad, una marca que condiciona su trayectoria laboral futura y consolida la exclusión desde el inicio de la vida activa. El nivel educativo también profundiza las brechas: entre quienes no completaron la secundaria, la informalidad supera el 65%, cuadruplicando la incidencia observada entre quienes tienen estudios universitarios completos.
El informe también revela una fuerte segmentación territorial y sectorial. Las regiones del NOA, NEA y Cuyo exhiben tasas de informalidad superiores al 50%, mientras que sectores como el servicio doméstico y la construcción alcanzan niveles alarmantes, cercanos al 80%. En contraste, el sector público y los servicios financieros muestran los menores registros, lo que vuelve a poner en evidencia que la informalidad no es inevitable, sino el resultado de decisiones económicas y regulatorias concretas. En materia de ingresos, la penalidad por trabajar en la informalidad es contundente. En promedio, un trabajador informal gana 39% menos que uno formal con iguales características.
Esa brecha se amplía en los sectores de menores salarios y explica por qué el 80% de los trabajadores del quintil más bajo de ingresos es informal, mientras que en el quintil más alto la informalidad cae al 11,5% En este contexto, el avance de una reforma laboral que abarata despidos, fragmenta salarios y debilita la negociación colectiva aparece menos como una solución que como una profundización del problema. Los propios datos académicos muestran que la informalidad y la pobreza laboral no se combaten flexibilizando derechos, sino fortaleciendo el empleo registrado, los salarios y la protección social.
Sin embargo, el rumbo elegido va en sentido contrario: consolida un mercado de trabajo dual, donde millones de personas trabajan, pero siguen siendo pobres. El informe concluye con una advertencia que interpela al debate público actual: en la Argentina, el trabajo dejó de ser sinónimo de inclusión social. Persistir en políticas que reducen el empleo a un "costo" no hará más que ampliar la informalidad, la desigualdad y la exclusión que los propios datos oficiales y académicos ya describen con crudeza