Una tragedia silenciosa se despliega en hospitales y clínicas de Argentina, con epicentro en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al menos 33 personas fallecieron tras recibir fentanilo contaminado, un potente analgésico de uso exclusivo en terapias intensivas, según confirmó un informe de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Carlos G. Malbrán".
Las víctimas no murieron por las enfermedades que las llevaron al hospital. Murieron por lo que les administraron allí. Intubados, en situación crítica, completamente vulnerables, recibieron ampollas infectadas con dos bacterias tan letales como silenciosas: Ralstonia pickettii y Klebsiella pneumoniae, ambas resistentes a los tratamientos convencionales. Para ellos, el fentanilo no fue un alivio, sino la sentencia final.
La alerta se disparó a mediados de abril cuando el Hospital Italiano de La Plata detectó los primeros casos. Allí, quince personas murieron. Luego, la tragedia se replicó en Rosario, con nueve víctimas en el Sanatorio Parque, seis en el Hospital Clemente Álvarez, una en el Hospital Italiano de la ciudad y otra en el Hospital Cullen. El Sanatorio Dupuytren en CABA sumó una más. La droga contaminada fue retirada del sistema, pero para decenas de familias ya era demasiado tarde.
La ANMAT suspendió de manera preventiva al laboratorio productor, HLB Pharma, y a su socio coproductor, Laboratorio Ramallo, responsables de fabricar el lote 31202 del fentanilo contaminado. La Justicia, bajo la conducción del juez federal Ernesto Kreplak, investiga un posible sabotaje interno: documentos clave fueron destruidos en la oficina de Garantía de Calidad del laboratorio. La hipótesis inquieta tanto como las muertes: alguien pudo haber alterado deliberadamente un medicamento vital para pacientes críticos.
Además, se allanaron tres locaciones, incluida la droguería Nueva Era, señalada como una posible distribuidora del lote mortal. La investigación se extiende a hospitales de todo el país: el juez solicitó a los ministerios de Salud provinciales que reporten si se registraron internaciones con síntomas compatibles desde el 1 de abril. Silvina Fontana, directora provincial de la Red de Medicamentos, explicó que el fentanilo "no está destinado al consumo ambulatorio ni es de fácil acceso".
Su administración se realiza bajo rigurosas normas hospitalarias. Sin embargo, el sistema falló, y falló en el peor lugar posible: en los pasillos de terapia intensiva, donde la vida pende de un hilo. Aunque Fontana pidió cautela -dado que los pacientes afectados ya padecían patologías graves-, la magnitud del desastre es ineludible. La conexión entre la administración del fármaco y las infecciones fatales es más que una sospecha. Es un dato que duele.
Hoy, las ampollas del fentanilo elaborado por HLB ya no están en circulación. Pero la pregunta que late, como un eco ensordecedor, es cómo ocurrió algo así. ¿Qué controles fallaron? ¿Quién respondió tarde? ¿Por qué no se evitó? Mientras las pericias del Instituto Nacional de Medicamentos y de la ANMAT avanzan, los familiares de las víctimas siguen esperando respuestas. No hay consuelo posible para quien llevó a su ser querido a un hospital buscando ayuda... y lo perdió por la medicación que debía salvarlo. La sombra de la negligencia —o algo peor— se extiende sobre un sistema sanitario que reaccionó con rapidez, sí, pero no a tiempo. En medio del dolor, la Justicia busca reconstruir los eslabones rotos de una cadena que, esta vez, dejó mucho más que un vacío legal: dejó un reguero de vidas que no debieron perderse.