Las universidades nacionales pidieron a la Justicia que intime al Gobierno de Javier Milei a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, bajo apercibimiento de iniciar una causa penal por desobediencia y aplicar multas al Estado nacional. La presentación fue realizada este jueves ante el juzgado federal en lo Contencioso Administrativo N°11, a cargo de Martín Cormick, quien interviene en la causa por el incumplimiento de la norma. En diciembre pasado, el magistrado había dictado una medida cautelar que ordenaba al Gobierno avanzar con la recomposición salarial para docentes y no docentes y el aumento de las becas estudiantiles.
Los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sostienen que, luego de que la Corte Suprema rechazara el 25 de junio el recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo, ya no existen impedimentos para ejecutar la cautelar.
Según los cálculos de las universidades y los gremios, el cumplimiento de la medida implicaría una recomposición salarial del 28,5% para docentes y no docentes, que se sumaría al 21% otorgado desde la liquidación de julio en el marco del acuerdo paritario de mayo.
El conflicto también se trasladó al plano gremial. Los sindicatos de la Universidad de Buenos Aires convocaron a un paro para el 12 de agosto, en coincidencia con el inicio del segundo semestre académico en buena parte del país.
En total, el sistema universitario nacional alcanza a casi 2 millones de estudiantes, más de 266.000 docentes y unos 65.000 trabajadores no docentes. El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, cuestionó la medida de fuerza y la calificó como "prematura". La cartera destacó el acuerdo salarial alcanzado en mayo y sostuvo que "no hay incumplimiento alguno", aunque no hizo referencia en su comunicado a la Ley de Financiamiento Universitario ni a la cautelar judicial. Desde los gremios, en tanto, no descartan avanzar también por la vía judicial y reclaman que el Ejecutivo cumpla con las resoluciones de la Justicia.