El regreso a las aulas después del receso invernal estuvo lejos de ser una jornada normal. El primer día de clases en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires quedó marcado por el paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que abrió una semana de protestas contra la política educativa y salarial del Gobierno de Javier Milei. Mientras los sindicatos reclamaron una urgente recomposición salarial, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, el Ejecutivo respondió con inspecciones en escuelas para verificar el cumplimiento de la ley que declara a la educación un servicio esencial y advirtió que podría iniciar procesos sancionatorios contra las organizaciones sindicales.
El nivel de adhesión fue dispar. En la Ciudad de Buenos Aires predominó un funcionamiento parcial, con establecimientos abiertos y clases en algunos grados, mientras que en el Conurbano bonaerense el impacto fue considerablemente mayor, con escuelas prácticamente vacías y numerosos establecimientos sin actividad. La diferencia entre ambas jurisdicciones coincidió con lo que habían anticipado los gremios bonaerenses, que habían advertido que el reinicio del ciclo lectivo se vería seriamente afectado por la falta de respuestas a los reclamos salariales.
Entre los principales motivos del paro, CTERA denunció el congelamiento del salario mínimo docente, que según el gremio permanece en 500 mil pesos, muy por debajo de la evolución de la inflación. También reclamó la restitución del FONID, eliminado en 2024, mayor inversión en infraestructura escolar, comedores, conectividad y programas socioeducativos, además del rechazo a una eventual reforma previsional y al proyecto denominado "Ley de Libertad Educativa". Desde la conducción sindical insistieron en que el objetivo de la medida es visibilizar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores de la educación bajo la consigna "Basta de ajuste a la educación", en un contexto en el que también se sumó al conflicto la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
La protesta coincidió con un nuevo enfrentamiento institucional entre Nación y las provincias. Antes del inicio de la jornada, el Ministerio de Capital Humano anunció que realizaría inspecciones muestrales para controlar que se garantizara el 75% de la prestación del servicio educativo, tal como establece la Ley 27.802. Sin embargo, tanto la Ciudad como la provincia de Buenos Aires rechazaron colaborar con esos controles. En territorio bonaerense incluso se distribuyó una circular dirigida a inspectores y directivos para que no entregaran información a funcionarios nacionales.
El documento sostuvo que "el artículo 6 de la Constitución Nacional prohíbe que un organismo administrativo nacional ejerza facultades de fiscalización o sanción sobre materias reservadas a las provincias sin el proceso político-parlamentario correspondiente", marcando un nuevo capítulo en la disputa por las competencias entre Nación y las jurisdicciones.
Desde el Gobierno defendieron el operativo. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, justificó la decisión al señalar: "La huelga existe, es un derecho, pero se encuentra moderada por la Ley de Modernización. Por eso, se pide que se cumpla con el 75% de la actividad, porque del otro lado hay ciudadanos". Más tarde agregó que "hemos trabajado con la ministra todo el fin de semana, preparando algo que es novedoso, lo que se pide es la moderación suficiente para hacerla y respetar la norma. Si no se cumple, se inicia un proceso sancionatorio para aplicar las sanciones que correspondan. Lleva el tiempo de las constataciones, los traslados, las contestaciones".
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, también respaldó la iniciativa y aseguró que el objetivo es "resguardar el derecho a aprender de los estudiantes y ofrecer previsibilidad a las familias argentinas ante la jornada de paro". Pese al despliegue oficial, al cierre de la jornada el propio Gobierno reconocía que aún no contaba con los datos completos del operativo realizado en todo el país. De manera preliminar, sostuvo que en provincias como Mendoza, San Luis y Chaco el nivel de adhesión había sido bajo, mientras que en Santa Fe se habrían respetado los mínimos establecidos por la normativa.
En la Ciudad de Buenos Aires, desde la administración porteña aseguraron que "la adhesión es menos del 10%" y remarcaron que "funciona todo con normalidad y al que se adhiere se le descuenta el día". Mientras tanto, el conflicto continúa escalando. Desde las 10 de la mañana, CTERA y ATE realizaron una concentración frente al Ministerio de Economía para profundizar los reclamos contra la política salarial del Gobierno nacional. En ese marco, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó con dureza la estrategia oficial y afirmó: "La paritaria estatal se convirtió en una estafa mediante la cual se apoderaron en tan solo dos años y medio de más de la mitad de nuestro salario".