El Gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en su programa de privatizaciones y puso en marcha uno de los procesos más sensibles de toda la reestructuración estatal: la venta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa encargada de garantizar el acceso al agua potable y los desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense. La decisión quedó formalizada este viernes con la publicación en el Boletín Oficial de los pliegos para la licitación pública nacional e internacional mediante la cual el Estado buscará desprenderse del 90% del paquete accionario de la compañía.
El 10% restante quedará en manos de los trabajadores bajo el Programa de Propiedad Participada. "Mañana se publicarán en el Boletín Oficial los pliegos de la licitación de AySA para avanzar con la venta del 90% de las acciones de la empresa que hoy están en manos del Estado Nacional", había anticipado el ministro de Economía, Luis Caputo. La privatización de AySA se convirtió así en una de las apuestas centrales de la administración libertaria dentro del paquete de empresas públicas incluidas en la Ley Bases. En esa lista también figuran Corredores Viales, Enarsa, Intercargo, Belgrano Cargas, Trenes Argentinos, Nucleoeléctrica y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
Detrás del discurso oficial sobre "eficiencia" y "modernización", el Gobierno busca avanzar sobre un servicio esencial cuya prestación impacta directamente sobre millones de personas. AySA abastece actualmente a la Ciudad de Buenos Aires y a partidos clave del conurbano como La Matanza, Quilmes, Avellaneda, Lomas de Zamora, San Isidro, Tigre, Pilar, Moreno y Florencio Varela, entre otros. La resolución firmada por Caputo autoriza una "Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple" para vender la totalidad de las acciones estatales "sin base", es decir, sin establecer un precio mínimo de referencia para la operación.
El Ejecutivo sostiene que la incorporación de capital privado permitirá "fortalecer la capacidad de inversión, asegurar la modernización de la infraestructura y consolidar un esquema sostenible y previsible". En línea con la lógica general del mileísmo, la Casa Rosada volvió a remarcar que "el Estado no debe administrar empresas". Pero la privatización vuelve a abrir un debate histórico en Argentina: qué ocurre cuando servicios públicos esenciales quedan sujetos a la lógica de rentabilidad privada.
La concesión prevista tendrá una duración de 30 años, prorrogable por otros diez, y contempla que el operador privado controle el servicio de agua potable y cloacas en todo el AMBA. Según datos oficiales, la cobertura actual supera el 85% en agua potable y el 70% en cloacas. El Gobierno espera recaudar alrededor de 500 millones de dólares con la operación. Sin embargo, detrás del proceso ya aparecen nombres de empresarios y grupos económicos interesados en quedarse con uno de los negocios más estratégicos del país.
Entre los actores que pujan por AySA figuran Edison Energía -integrada por la familia Neuss junto a empresarios vinculados a Havanna y Newsan-, Mauricio Filiberti, dueño de Transclor, el Grupo Roggio y las firmas brasileñas Sabesp y Río+Saneamiento. La licitación se desarrollará a través de la plataforma CONTRAT.AR y el cronograma oficial fija el 27 de agosto como fecha límite para la presentación de ofertas. Ese mismo día se abrirán los sobres de la primera etapa, donde se evaluarán las condiciones técnicas, financieras y legales de los oferentes.
Mientras el Gobierno insiste en que la privatización traerá inversiones y eficiencia, distintos sectores observan con preocupación el avance sobre una empresa vinculada a un derecho básico como el acceso al agua. La experiencia de privatizaciones anteriores en Argentina todavía pesa en la memoria colectiva. Tarifazos, deterioro de servicios, reducción de personal y conflictos por la falta de inversiones reaparecen como fantasmas inevitables cada vez que el Estado abandona áreas estratégicas. Aun así, en la Casa Rosada consideran que el proceso es parte de una transformación estructural más amplia. El presidente Javier Milei busca profundizar su política de retiro estatal y abrir nuevos negocios al capital privado en sectores considerados históricamente sensibles.