Las tarifas de luz y gas volverán a subir desde este mes y profundizarán la presión sobre los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en un escenario donde los servicios públicos se transformaron en uno de los principales factores de deterioro del ingreso familiar. A través de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional autorizó nuevos aumentos para las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur, mientras intenta contener el impacto social con bonificaciones focalizadas para sectores vulnerables. La medida fue oficializada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que aprobó nuevos valores del Costo Propio de Distribución (CPD) y actualizó los cuadros tarifarios para todas las categorías de usuarios. En concreto, Edenor aplicará una suba del 4,10% y Edesur del 3,91% respecto de abril.
Detrás de la compleja terminología técnica -Precios de Referencia de la Potencia, Precio Estabilizado de la Energía y Servicios Adicionales- se esconde una consecuencia concreta: facturas más altas para millones de usuarios residenciales, incluso para quienes todavía reciben subsidios estatales. El aumento también impacta sobre el denominado Valor Agregado de Distribución (VAD), uno de los componentes centrales de la tarifa. En Edenor quedó fijado en $63.237 y en Edesur en $58.087. Aunque estos números corresponden a costos regulatorios y no al monto final de la factura, terminan trasladándose de manera directa al bolsillo de los usuarios.
El nuevo esquema alcanza además a clubes de barrio, entidades de bien público y usuarios-generadores, en un contexto marcado por la continuidad de la emergencia energética y una política oficial que apunta a reducir progresivamente los subsidios. La estrategia del Gobierno combina aumentos graduales con compensaciones parciales para evitar un impacto político inmediato. En ese marco, se estableció una bonificación extraordinaria del 10,67% para los usuarios incluidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) durante el período mayo-julio.
En paralelo, el Ejecutivo dispuso una ayuda adicional para el servicio de gas: los usuarios alcanzados por el SEF recibirán en mayo una bonificación extra del 25% sobre el consumo de gas natural y gas propano indiluido por redes. La medida busca amortiguar el efecto de los aumentos internacionales de la energía, en medio de la volatilidad global derivada de los conflictos geopolíticos y la tensión en los mercados de hidrocarburos. Sin embargo, detrás de las bonificaciones temporales aparece una realidad cada vez más difícil de ocultar: los subsidios ya no logran compensar el ritmo de las subas tarifarias ni la pérdida de ingresos de gran parte de la población.
La política energética del gobierno de Javier Milei avanza sobre una lógica de "sinceramiento" de precios que traslada progresivamente el costo de los servicios a los usuarios. El argumento oficial apunta a reducir el peso de los subsidios sobre las cuentas públicas, pero el efecto inmediato es una fuerte presión sobre la economía cotidiana. En los últimos meses, la electricidad, el gas, el transporte y el agua fueron algunos de los rubros que más aumentaron. El fenómeno empieza a reflejarse también en el consumo: cada vez más hogares restringen el uso de calefacción, aire acondicionado o electrodomésticos para evitar facturas impagables.