El transporte público vuelve a convertirse en la variable de ajuste. El Gobierno dispuso una nueva actualización de tarifas para los colectivos de jurisdicción nacional que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que comenzará a regir desde este miércoles 18 de febrero y alcanzará a 104 líneas. El incremento será inmediato y fuerte: el boleto mínimo pasará a $650 y en marzo llegará a $700, lo que implica un aumento del 31,35% en la primera etapa y un 41,46% acumulado en apenas un mes.
La medida fue oficializada mediante la resolución 11/2026, donde el Ejecutivo explicó que "con la finalidad de mantener la ecuación económico-financiera que permita el sostenimiento del servicio público de transporte automotor de pasajeros de jurisdicción nacional, en condiciones de calidad y eficiencia, resulta necesario trasladar una parte de los costos de explotación de tales servicios a los cuadros tarifarios". Traducido al lenguaje cotidiano: pagar más para sostener el sistema.
Desde el 18 de febrero, los valores quedarán de la siguiente manera:
- 0 a 3 km: $650 — sin SUBE registrada: $1.033,50
- 3 a 6 km: $724,09 — sin SUBE registrada: $1.151,30
- 6 a 12 km: $779,87 — sin SUBE registrada: $1.239,99
- 12 a 27 km: $835,71 — sin SUBE registrada: $1.328,78
- Más de 27 km: $891,16 — sin SUBE registrada: $1.416,94
Y desde el 16 de marzo:
- 0 a 3 km: $700 — sin SUBE registrada: $1.113
- 3 a 6 km: $779,78 — sin SUBE registrada: $1.239,85
- 6 a 12 km: $839,86 — sin SUBE registrada: $1.335,38
- 12 a 27 km: $899,99 — sin SUBE registrada: $1.430,98
- Más de 27 km: $959,71 — sin SUBE registrada: $1.525,94
El esquema mantiene la Tarifa Social (55% de descuento) y la Red SUBE, aunque ambos beneficios amortiguan apenas parcialmente la suba para los sectores de menores ingresos. La Secretaría de Transporte justificó el aumento en reclamos empresariales y en el aumento de costos operativos. Según el documento oficial, las cámaras del sector sostuvieron que "la tarifa vigente en las líneas de jurisdicción nacional ha quedado muy atrasada respecto a las líneas de jurisdicción CABA y PBA".
Esto generó, aclararon, una "competencia desleal". Además remarcaron que el sector "no reclama más subsidios, sino más tarifa como mecanismo para ajustar estas diferencias y subestimaciones de cálculos". Entre los motivos enumerados figuran incrementos en gasoil, seguros, material rodante y repuestos. El resultado es claro: el Estado reduce subsidios y el usuario financia el sistema.
El aumento afecta líneas centrales del conurbano y la Ciudad, entre ellas 1, 2, 8, 9, 15, 28, 55, 60, 86, 92, 100, 106, 129, 152, 168, 176, 188 y 197. Para un trabajador que combina viajes, el gasto mensual en transporte vuelve a escalar en un contexto donde los salarios crecen por debajo de los servicios regulados. El colectivo, históricamente el medio más accesible del AMBA, se acerca cada vez más a un costo de movilidad selectivo.
El Gobierno presentó la medida como una corrección técnica, pero marca una decisión política: reemplazar subsidios por tarifa. La consecuencia es un traslado directo del costo del transporte al ingreso de los trabajadores. No se mejora la frecuencia, no se renueva la flota y no se amplía el servicio: simplemente se paga más para sostenerlo. La ecuación es simple: menos Estado, más boleto. Y cada aumento deja al transporte público un poco menos público.