Por primera vez desde su reestatización en 2008, Aerolíneas Argentinas no solo operó sin transferencias del Estado, sino que además cerró 2025 con un superávit operativo de 112,7 millones de dólares. La cifra casi duplica los 56,6 millones obtenidos en 2024 y consolida el segundo año consecutivo con saldo positivo tras 16 años de déficit. Con una facturación superior a los 2.200 millones de dólares y 12.781.016 pasajeros transportados -un promedio de 35.016 por día-, la compañía alcanzó un factor de ocupación del 83% sobre una malla de 300 vuelos diarios y un cumplimiento operativo del 99,4%. El indicador de satisfacción NPS llegó a 55 puntos.
Además, redujo su deuda bancaria y financiera en un 41%, pasando de 341,9 a 207,4 millones de dólares entre diciembre de 2023 y el mismo mes de 2025. Los números, auditados por KPMG (actualmente en proceso de validación final), representan un quiebre frente al período 2008-2023, cuando la empresa registró un rojo operativo promedio de 400 millones de dólares anuales y demandó más de 8.000 millones en transferencias estatales.
El presidente y CEO, Fabián Lombardo, celebró el rumbo adoptado: "Este resultado afianza la dirección que adoptamos durante los últimos dos años, en los que pusimos el foco en la reducción de costos y en la maximización de la rentabilidad. Aerolíneas Argentinas demostró que puede competir en igualdad de condiciones con otras compañías de la industria, reafirmando su compromiso indeclinable con la seguridad operacional y la calidad de su servicio".
El saneamiento no fue neutro. En 2024 se cancelaron rutas no rentables, se redujo un 13% la nómina de empleados y se eliminaron 85 cargos jerárquicos, incluyendo 8 direcciones y 20 gerencias. También se implementaron planes de retiros voluntarios, que en 2024 demandaron alrededor de 60 millones de dólares en asistencia estatal. Con esa estructura más liviana, la compañía logró sostener el mismo volumen de horas de vuelo que en 2024 pero con mejores métricas de eficiencia.
A la vez, anunció un ambicioso plan de renovación de flota con la incorporación de 18 aeronaves -cuatro Airbus A330neo y catorce Boeing 737 MAX en distintas versiones- con el argumento de reducir costos operativos a largo plazo. Sin embargo, mientras la empresa exhibe resultados positivos y deja de depender del Tesoro, el gobierno de Javier Milei insiste en privatizarla.
En Casa Rosada buscan incluir a la aerolínea en la lista de empresas a vender dentro de la futura Ley Bases 2, luego de que quedara afuera en el primer intento por falta de respaldo legislativo. El argumento oficial es preventivo: evitar que un eventual cambio de signo político vuelva a convertirla en deficitaria. En los pasillos oficiales sostienen que "hay varios interesados en comprarla y más ahora que es superavitaria". Durante años, el discurso libertario sostuvo que una empresa estatal era sinónimo de ineficiencia estructural. Ahora que la aerolínea muestra superávit, reducción de deuda y mejoras operativas, el Ejecutivo redobla la presión para venderla.
La insistencia no puede leerse aislada del frente financiero. Milei confirmó que parte de la deuda con organismos multilaterales se cancelará mediante "liquidación de activos del Estado". Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, este año vencen unos 4.279 millones de dólares con organismos internacionales, más 4.437 millones con el FMI. El proceso ya comenzó: antes de pagar 4.200 millones de dólares a bonistas en enero, el Ministerio de Economía obtuvo 700 millones con la privatización de las represas del Comahue. En ese contexto, Aerolíneas aparece como un activo tentador: saneada, con números positivos y atractiva para potenciales compradores.
Lo que hasta hace poco era señalado como "un agujero negro" de recursos públicos hoy se presenta como un activo listo para el mercado. Aerolíneas no es solo una compañía aérea: cumple un rol clave en la conectividad federal, especialmente en rutas de baja rentabilidad que el mercado privado suele abandonar. El Gobierno sostiene que el Estado no debe gestionar empresas, incluso si funcionan. La pregunta es si la rentabilidad recién alcanzada demuestra que la gestión pública profesionalizada es viable, o si simplemente convierte a la empresa en un botín atractivo para acelerar el programa de desinversión.