La República Islámica de Irán enfrenta una nueva crisis sin precedentes. Lo que comenzó a finales de diciembre de 2025 como una huelga comercial en el Gran Bazar de Teherán por el colapso de la moneda nacional se transformó en un levantamiento nacional que abarca las 31 provincias y más de 186 ciudades del país. Irán se encuentra en un momento de ruptura estructural que pone en duda la supervivencia misma del sistema instaurado en 1979.
La chispa inmediata del conflicto fue la depreciación acelerada del rial iraní, que a finales de diciembre de 2025 alcanzó un mínimo histórico de más de 1,45 millones de riales por dólar estadounidense, lo que representa una pérdida de valor superior al 100% en doce meses. Esta caída libre fue impulsada por el restablecimiento de las sanciones de la ONU bajo el mecanismo de snapback en septiembre de 2025, la destrucción de infraestructura energética clave durante el conflicto de junio y la captura en enero de 2026 del presidente venezolano Nicolás Maduro, un aliado comercial crítico para las redes de elusión de sanciones de Teherán. El gobierno del presidente Masoud Pezeshkian intentó mitigar la crisis mediante el reemplazo del gobernador del banco central y el anuncio de un subsidio mensual de aproximadamente 7 dólares para 80 millones de ciudadanos. Sin embargo, estas medidas fueron percibidas como insignificantes frente a la magnitud de la pérdida del poder adquisitivo.
La respuesta del aparato de seguridad iraní frente al levantamiento popular resulta en lo que diversos organismos internacionales ya califican como una "masacre". El 8 de enero de 2026, las autoridades impusieron un apagón total de internet y servicios de telefonía móvil en todo el país, una medida diseñada para ocultar el alcance de la represión y dificultar la organización de los manifestantes. Bajo la cobertura de este silencio digital, las fuerzas de seguridad emplearon una fuerza letal desproporcionada. Se reportaron casos de fuerzas de seguridad irrumpiendo en hospitales para detener a manifestantes heridos y amenazando al personal médico para que no presten asistencia; pero la postura de la comunidad internacional, liderada por la administración de Donald Trump, es de una agresividad sin precedentes.
Trump declaró que Estados Unidos está "listo para ayudar" a los manifestantes y ha advertido que cualquier uso excesivo de la fuerza contra la población civil podría desencadenar una intervención militar directa de Washington. Esta presión externa se ve agravada por la captura de Maduro en Venezuela, lo que ha desarticulado una de las redes logísticas más importantes para el intercambio de crudo, drones y oro que sostenía parte de la economía de guerra iraní.
A pesar de los esfuerzos de Teherán por consolidar una alianza estratégica con Moscú y Pekín, la realidad de 2026 demuestra que estos socios tienen límites claros. Rusia, aunque suministra helicópteros de ataque Mi-28 y vehículos blindados adecuados para combatir insurgencias urbanas, dejaron claro que no enviará tropas para defender al régimen. Por su parte, China marcó distancias diplomáticas significativas, rechazando explícitamente la idea de una "alianza" con Teherán, insistiendo en que Pekín busca "asociaciones, no alianzas".
Con un liderazgo fragmentado, una Guardia Revolucionaria que actúa cada vez más como un ejército de ocupación interna y una comunidad internacional dispuesta a acelerar el colapso del sistema, el año 2026 se perfila como el más decisivo y, potencialmente, el último de la República Islámica tal como se la conoce hasta hoy.