El escándalo que comenzó con una muerte en soledad y un puñado de ampollas de anestesia ahora golpea el corazón de una de las estructuras más influyentes del ámbito médico. Este miércoles, la Policía de la Ciudad allanó la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires, en el barrio de Caballito, en el marco de la causa que investiga el robo de fármacos del Hospital Italiano y su presunta utilización en fiestas clandestinas.
El operativo, encabezado por la División Organizaciones Criminales, apunta a secuestrar documentación sensible: actas, registros internos y cualquier elemento que permita reconstruir los vínculos de los imputados, Hernán Boveri y Delfina Lanusse, con la institución. Desde la Asociación buscaron despegarse rápidamente. Su abogado, Eduardo Gerome, aseguró que la entidad es "denunciante" y no imputada, y que colaboró desde el inicio.
Ante las cámaras de distintos medios presentes en el lugar, afirmó: "La asociación es la más interesada en que esta causa funcione". Sin embargo, la Justicia no se conforma con el rol pasivo que la institución dice haber tenido. Si todo estaba denunciado y documentado, ¿por qué la necesidad de irrumpir para secuestrar pruebas? El propio Gerome reconoció que los imputados fueron citados internamente, pero que el contenido de esas conversaciones es "privado".
En una causa atravesada por sospechas de encubrimiento, esa opacidad no hace más que alimentar las dudas. El caso tiene un punto de quiebre claro: la muerte de Alejandro Zalazar, hallado sin vida a fines de febrero en su departamento, con signos de haberse administrado anestésicos por vía intravenosa. La autopsia fue contundente: congestión, edema pulmonar y meningoencefálico compatibles con una sobredosis de propofol y remifentanilo.
A partir de ahí, la investigación comenzó a desenredar una red mucho más amplia. El hallazgo de fármacos pertenecientes al Hospital Italiano en su vivienda no solo confirmó el desvío de insumos médicos, sino que abrió la puerta a una hipótesis más inquietante: el uso sistemático de estas drogas en fiestas privadas, bajo la modalidad de los llamados "viajes controlados". Días antes del operativo en la Asociación, la Policía ya había avanzado sobre tres domicilios vinculados a los imputados.
El resultado fue contundente: dispositivos electrónicos, ampollas de sedantes, jeringas y material clínico perteneciente al hospital. El expediente, que inicialmente se investigaba como hurto calificado o administración fraudulenta, comienza a mutar hacia un escenario mucho más complejo. No solo por la cantidad de elementos secuestrados, sino por la posible conexión con la muerte de Zalazar y otros episodios aún no esclarecidos.
Mientras la causa avanza, el clima en hospitales porteños es de creciente tensión debido a que no se trataría solo de un delito individual, sino de la posible existencia de una red de silencios, complicidades y negligencias. El rol de la Asociación aparece ahora bajo una luz incómoda. Aunque formalmente denunciante, su reacción posterior -sin sanciones inmediatas, sin medidas disciplinarias claras- plantea interrogantes. "Todavía no tomamos ninguna determinación... esperamos que la Justicia dé los primeros pasos", admitió Gerome. En otras palabras: la institución que regula y nuclea a los profesionales decidió no actuar hasta que el escándalo estallara.