En un rincón de Misiones, la historia de una niña de 12 años embarazada sacude a Argentina y expone las profundas fallas estructurales que atraviesan al país. Este caso no es un hecho aislado, sino el reflejo de un contexto donde las políticas públicas para prevenir embarazos no intencionales en adolescentes han sido desmanteladas, dejando a las niñas y adolescentes más vulnerables sin acceso a derechos fundamentales.
Desde que Javier Milei asumió la presidencia, su gobierno ejecuta medidas que implican la desfinanciación de programas esenciales como el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA). Este plan, que se enfocaba en brindar educación sexual integral (ESI) y acceso a métodos anticonceptivos, además de detectar y prevenir abusos sexuales, fue una herramienta clave para proteger a niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad; ahora, su desarticulación representa un retroceso alarmante en materia de derechos y salud pública.
El caso de esta niña, oriunda de un paraje rural cercano a Bernardo de Irigoyen, expone las consecuencias directas de estas políticas. Según relató su madre, una mujer de 31 años que vive en condiciones de extrema precariedad junto a sus cuatro hijas, la familia enfrenta una situación desesperante: "Soy mamá soltera. Estoy haciendo lo posible para que no le falte nada, pero ahora mi hija necesita estudios y controles y no tengo recursos", expresó la mujer a la organización Solidarios sin Fronteras.
La niña, que cursa su semana 12 de embarazo, no está escolarizada desde que la familia se mudó al paraje hace cuatro meses. Esta vulneración de su derecho a la educación se suma a un contexto donde la maternidad adolescente parece haberse naturalizado. Su hermana mayor, con apenas 15 años, ya vive en concubinato y es madre: "Es importante entender el contexto: para esta familia, lamentablemente, estas situaciones parecen naturales. Hay un componente cultural muy fuerte que debemos abordar", explicó Romina Cunha, directora de Niñez, Adolescencia y Familia de Bernardo de Irigoyen.
El Estado provincial ya activó protocolos de actuación y está brindando asistencia básica a la niña y su familia. Según Cuna, la menor fue atendida en el hospital local, donde recibió los primeros estudios médicos y suplementos necesarios para su embarazo. Sin embargo, los recursos disponibles son limitados: "Viven en una casita muy humilde. Desde el municipio ya se acercó el área de Acción Social para acompañarlas y ver la posibilidad de construir una vivienda más digna", relató la funcionaria.
Cuna enfatizó la importancia de trabajar desde las escuelas en la implementación de la ESI como herramienta preventiva: "En contextos donde la maternidad adolescente está naturalizada, la ESI puede ser una herramienta clave de prevención y acceso a la información", afirmó. Sin embargo, con un Estado nacional que desmantela programas esenciales y un sistema educativo debilitado, el alcance de estas iniciativas se ve comprometido.
El relato de esta madre refleja no solo su lucha individual, sino también el abandono colectivo que enfrentan miles de familias en situaciones similares: "Lo que más estamos necesitando es ayuda para arreglar la casa, especialmente la cocina y el baño", expresó con desesperación.
Mientras tanto, la investigación judicial avanza para esclarecer las circunstancias del embarazo. Según Romina Cunha, ni la niña ni su madre han revelado quién es el progenitor del bebé, lo que abre interrogantes sobre posibles situaciones de abuso o violencia sexual: "Anímicamente está bien, aunque se nota que no es consciente de la gravedad de la situación. Cuando le pregunté por el padre del bebé se emocionó, se angustió un poco", comentó.