Un nuevo capítulo de corrupción institucional sacude a la ciudad de Rosario. Trece policías y cuatro civiles fueron detenidos con prisión preventiva por malversación de fondos públicos en un caso que deja al descubierto la podredumbre interna de una fuerza que, en teoría, debería velar por la seguridad de los ciudadanos.
El caso, que involucra una maniobra ilícita estimada en 45 millones de pesos expuso también la complicidad de altos mandos policiales que permitieron y participaron activamente en el fraude: el esquema consistía en la sobrefacturación de cargas de combustible para patrulleros, muchos de los cuales ni siquiera estaban en circulación.
Según el fiscal José Luis Caterina, se detectaron casos en los que se cargaban entre 20 mil y 30 mil pesos diarios en vehículos inactivos, una operación que era un "secreto a voces" dentro de la institución.
Entre los policías detenidos se encuentran figuras clave de la jerarquía policial, como el subdirector Rodrigo Domínguez, secretario privado del jefe de la Unidad Regional II. En su vivienda se hallaron 25 millones de pesos en efectivo, una suma que equivale a ocho veces el sueldo de un comisario.
Los nombres de los policías detenidos son: Rodrigo Domínguez, Gerardo Ramírez, Fabián Fantin, Juan Pablo Pigozzi, Mario Brest, Juan Villordo, Nancy Plomer, Franco Cuesta, Javier Arce, Jorge Delgado, Fernando Ceballos, Gustavo Bazán y Sergio López. Todos ellos enfrentan cargos por cohecho, peculado y defraudación agravada por afectar a una administración pública. Por su parte, los civiles involucrados -Mónica Bianconi, Oscar Coullery, Daniel Reynoso y María Fernanda De Franco- también fueron imputados por peculado y cohecho activo.
El juez Gustavo Pérez de Urrechu dictó prisión preventiva por seis meses para los implicados, destacando la dimensión del delito como un ejemplo claro de corrupción institucional. Recordó además que Argentina es signataria de pactos internacionales contra la corrupción, lo que agrava aún más el impacto del caso en términos legales y éticos.
El epicentro del esquema corrupto fue una estación de servicio Puma Energy ubicada a una cuadra de la Jefatura de Rosario. Allí se sobrefacturaba el combustible efectivamente despachado o se generaban facturas por cargas inexistentes. El dinero del fraude era luego repartido entre los responsables de la estación y los policías involucrados. En la caja fuerte del establecimiento se encontraron 26.833.980 pesos, 147.726 dólares y 12.085 euros, montos que no corresponden al giro comercial legítimo de la empresa.
El escándalo que conmovió a la ciudad de Rosario se da en un contexto muy complejo: la sociedad vive sus peores momentos entre la criminalidad narco y la complicidad policial con esos actores que todavía no parece poder resolverse. Es por eso que la pregunta resuena con fuera: ¿quién nos cuida de la policía?