La causa por el fentanilo contaminado -que ya dejó 111 víctimas fatales- sumó un capítulo inesperado y explosivo: un efectivo de la Policía Federal, asignado a la custodia del predio perteneciente al laboratorio HLB Pharma, fue detenido acusado de robar insumos de la propia empresa investigada. El agente habría hurtado una caja de guantes de látex, envases de agua oxigenada y desinfectantes, que luego guardó en su vehículo particular. La denuncia fue radicada por un policía municipal de San Isidro ante el Juzgado Federal N°1 de ese departamento judicial, que ordenó su captura para prestar declaración indagatoria. Posteriormente, recuperó la libertad.
El episodio sacude una investigación ya atravesada por sospechas, responsabilidades cruzadas y un drama sanitario sin precedentes. La Justicia Federal envió al Cuerpo Médico Forense el listado completo de fallecidos por la inoculación del fentanilo adulterado. Tras analizar 159 casos durante la Feria Judicial, se confirmó que 111 personas murieron como consecuencia del opioide contaminado, mientras que 48 pacientes sobrevivieron. "Se trata de un trabajo de depuración muy grande que se hizo durante el receso", señaló una fuente allegada al expediente. Ahora, los peritos deberán estudiar las muestras recibidas y, si ratifican los datos preliminares, la situación procesal de 14 imputados y detenidos podría agravarse. Entre ellos se encuentra Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A..
A García Furfaro -considerado allegado a la familia Kirchner- se lo señala como "coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales" por provocar los fallecimientos de 20 personas, "en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor". Según la imputación, habría intervenido junto a 16 miembros del plantel de ambos laboratorios a través de "la toma de distintas decisiones relativas a la fabricación, distribución y venta" en la adulteración del lote 31202 del opioide, el cual se encontraba "destinado al uso público sanitario".
Las autoridades sostienen que los fármacos se hallaban "con orden de producción emitida el 16 de diciembre de 2024". El escrito judicial es contundente: "Las adulteraciones de la sustancia medicinal consistieron en su contaminación a partir de un proceso de fabricación caracterizado por múltiples falencias, entre ellas muchas críticas, respecto de lo cual existió pluralidad de alertas que no fueron atendidas".
En paralelo, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la prisión preventiva del director técnico de HLB Pharma, José Maiorano. Los jueces Javier Hornos, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, integrantes de la Sala IV, rechazaron por "inadmisible" el recurso presentado por la defensa. Maiorano está imputado y procesado por el delito de adulteración de sustancias medicinales que derivó en la muerte de al menos 20 pacientes, "en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor".
Permanece detenido desde el 25 de septiembre de 2025, tras una orden del juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, quien conduce la investigación. Mientras el expediente avanza, los familiares de las víctimas sostienen el reclamo de justicia. En más de seis meses de causa se realizaron tres marchas en La Plata y Rosario para mantener viva la memoria de quienes murieron por la inoculación de un medicamento que debía aliviar el dolor y terminó causando muerte. Hablan de la peor crisis sanitaria del país ligada a un opioide adulterado con bacterias. Exigen condenas ejemplares y que se establezcan todas las responsabilidades, tanto empresariales como estatales.