¿Cuándo empieza?
27 Febrero de 2026 13:35
El Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes tiene en sus manos uno de los casos más conmocionantes de los últimos años: el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, un niño de tan solo cinco años que fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal, en la localidad de 9 de Julio. Este proceso judicial involucra a 17 imputados.
El Ministerio Público Fiscal será representado por el fiscal general Carlos Adolfo Schaefer y la fiscal general subrogante Tamara Ahimará Poucel, quienes contarán con el apoyo de siete auxiliares fiscales.
Además, se suma la participación clave de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), liderada por los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mángano. Este equipo se encargará de presentar las pruebas y argumentaciones necesarias para esclarecer lo ocurrido con Loan.
Mientras que el tribunal que presidirá el juicio está integrado por los jueces Eduardo Ariel Belforte, Fermín Amado Cereloni y Simón Pedro Bracco, con Enrique Jorge Bosch como juez sustituto. Así las cosas, se decidió que todos los miércoles y jueves se realizarán las audiencias hasta diciembre de 2026 de manera presencial para intentar determinar qué pasó con el menor que hasta el día de hoy falta de su hogar.
Loan desapareció el 13 de junio de 2024 después de compartir un almuerzo en la casa de su abuela Catalina y, según las declaraciones recabadas, el niño se dirigió a un naranjal cercano junto a otros adultos y niños, pero nunca volvió. Las investigaciones incluyeron testimonios de familiares y vecinos, peritajes, análisis de dispositivos electrónicos, informes forenses, pedidos internacionales de colaboración y extensos rastrillajes en diversas zonas.
Ahora bien, el juicio abordará dos causas que fueron unificadas por "conexidad objetiva", ya que comparten una relación directa entre los hechos investigados. En total, 17 personas están imputadas por diferentes delitos relacionados con la desaparición de Loan.
El primer grupo de imputados está compuesto por siete personas acusadas de "sustracción y ocultamiento en calidad de coautores". Entre ellos se encuentran Bernardino Antonio Benítez, Laudelina Peña (tía del niño), María Victoria Caillava y su esposo Carlos Guido Pérez, Daniel Oscar Ramírez y su pareja Mónica del Carmen Millapi, así como el comisario Walter Adrián Maciel, quien está imputado como partícipe necesario. Según la fiscalía, estas personas habrían actuado de manera coordinada para robar al niño y ocultarlo deliberadamente. Si la justicia los declarara culpables, podrían enfrentar penas que oscilan entre los cinco y quince años de prisión.
Por otro lado, una segunda causa involucra a diez personas acusadas de intentar desviar la investigación bajo la fachada de representar a la fundación Lucio Dupuy, una organización ficticia que supuestamente trabajaba en contra de la violencia infantil. Este grupo incluye a Federico Rossi Colombo, Nicolás "El Americano" Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.
De acuerdo con la fiscalía federal, estas personas habrían interferido en el curso normal de la investigación y habrían incurrido en delitos graves como privación ilegítima de la libertad, defraudación a la administración pública, encubrimiento, falso testimonio, violación del secreto profesional, suministro gratuito de estupefacientes, resistencia a la autoridad y usurpación de insignias y títulos profesionales. Las autoridades sostienen que estas maniobras tenían como objetivo entorpecer las pesquisas relacionadas con el caso.
Aunque inicialmente se había fijado el inicio del juicio para el 7 de octubre, la oposición presentada por la fiscalía ha generado un retraso en el cronograma. El tribunal determinó que las audiencias se llevarán a cabo los miércoles y jueves hasta diciembre en modalidad presencial.
En una reciente audiencia preliminar, los jueces analizaron las pruebas y los testigos propuestos por las partes involucradas. La fiscalía había presentado una lista inicial con más de 700 testigos, pero finalmente este número se redujo a 161, mientras que otros serán incorporados por lectura.
Así las cosas, el próximo paso será que los magistrados definan cuáles pruebas y testimonios serán admitidos formalmente en el juicio oral. Una vez que esto ocurra, se establecerá una nueva fecha para el inicio del proceso judicial.
