La vida de Agostina Páez quedó suspendida en una habitación alquilada de Río de Janeiro. No puede volver a su país, no sabe cuándo tendrá audiencia y vive monitoreada con una tobillera electrónica. Desde allí grabó un video que recorrió redes sociales y medios: "Estoy desesperada, estoy muerta de miedo". La abogada santiagueña lleva más de dos semanas retenida en Brasil tras ser acusada de "injuria racial" en un bar de Ipanema. La Justicia ordenó prisión preventiva por "peligro de fuga", aunque permanece controlada electrónicamente y -según afirma- siempre estuvo a derecho. "Se están vulnerando todos mis derechos", denunció.
El episodio ocurrió el 14 de enero, cuando una discusión por la cuenta derivó en una denuncia penal. La Policía Civil de Río cerró la investigación y elevó el caso al Ministerio Público, que sostiene que insultó a empleados del local. El delito, equiparado al racismo en Brasil, prevé penas de dos a cinco años de prisión y no admite excarcelación bajo fianza. Su defensa relata otra escena. Según el abogado Sebastián Robles, tras pagar el consumo, cinco empleados impidieron que el grupo se retirara. "Una amiga termina abonando la cuenta para poder retirarse del local, porque se lo impedían, y hay videos que muestran que cinco personas no las dejaban salir", contó.
Las cámaras registraron provocaciones previas. Páez reconoció un gesto ofensivo, pero asegura que fue reacción a burlas sexuales: "Se agarraban los genitales, nos señalaban y se reían. Ahí es cuando yo hago ese gesto". La Fiscalía afirma que hubo expresiones racistas y que testigos corroboran la acusación. Incluso sostuvo que una amiga intentó frenarla, lo que demostraría conciencia de la gravedad. La defensa rechaza esa interpretación y sostiene que el caso podría estar siendo utilizado como ejemplo. Mientras la causa avanza sin fechas claras, la situación personal empeora.
Personas ingresaron al departamento donde se alojaba y tuvo que mudarse por seguridad. Su padre relató el llamado que recibió: "La pobre está aterrada. 'Papi, me quieren matar aquí', me dijo recién". Robles presentó un habeas corpus para que la abogada regrese a Argentina y continúe el proceso de forma virtual. "La idea es que pueda volver al país, pero sometida a un proceso en el que se le realicen las formalidades pertinentes", explicó. La defensa cuestiona la medida judicial: "Hay una medida impuesta donde no fija ningún tipo de plazo razonable, una medida totalmente arbitraria. Le dicen que no pueden salir del país, pero no hasta cuándo".
Una fundación pidió la intervención de Cancillería y advirtió que la detención sería desproporcionada y utilizada con fines de ejemplaridad. La Embajada argentina ofreció asistencia legal, aunque no puede intervenir en el proceso. Del otro lado, la Policía Civil fue contundente en redes sociales: el racismo "no es una broma". Entre versiones opuestas, videos cruzados y un proceso sin calendario, la abogada de 29 años sigue esperando. No sabe cuándo será juzgada. No sabe cuándo podrá volver. Solo sabe que cada noche duerme vigilada, lejos de su casa y con miedo.