El horror por el crimen de Ángel Nicolás López sumó un nuevo capítulo cargado de indignación y acusaciones estremecedoras. Mientras la investigación avanza contra la madre del pequeño y su pareja, ahora la mira también apunta hacia quienes debían protegerlo. El abogado Roberto Castillo presentó una denuncia penal contra la psicóloga Jennifer Grisel Leiva, a quien acusa de haber tenido un papel determinante en la restitución del niño a un entorno que terminó siendo mortal. "Hoy denunciamos a Leiva, que tuvo un rol preponderante en la muerte de Ángel", afirmó Castillo luego de constituirse como querellante en la causa.
La profesional integraba el Servicio de Protección de Derechos (SPD) de Comodoro Rivadavia y fue una de las responsables de elaborar los informes técnicos que sirvieron como base para que el juez Pablo José Pérez resolviera quitarle la tenencia del menor a su padre, Luis López, y devolverlo con su madre biológica, Mariela Altamirano, hoy presa junto a su pareja Maicol González. Ángel murió después de sufrir 22 golpes internos.
El escrito presentado por Castillo solicita la suspensión preventiva inmediata de Leiva y reclama que se la investigue por incumplimiento de los deberes de funcionario público, informe pericial falso y abandono de persona seguido de muerte, todos en concurso real. La denuncia sostiene que los informes psicológicos "carecen del rigor científico mínimo exigible cuando está en juego la vida de un infante" y cuestiona que las evaluaciones hayan sido realizadas "en entrevistas de escritorio, sin constatación fáctica del entorno y la dinámica intrafamiliar real".
Para el abogado, no se trató simplemente de una equivocación profesional. "Nos tomamos semanas para estudiar el expediente e identificar qué le correspondía hacer a cada uno y qué no hicieron. Un psicólogo que interviene tiene que tener los informes de que esa criatura va a estar cuidada", aseguró. La presentación judicial también pide el secuestro urgente del legajo profesional y personal de Leiva en el SPD, en el Colegio de Psicólogos de Chubut y en la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, además de todos los informes técnicos emitidos por ella en los últimos dos años.
Como medida cautelar, Castillo reclamó además la prohibición de salida del país de la psicóloga y solicitó preservar los expedientes vinculados a procesos de revinculación familiar para evitar posibles modificaciones o destrucción de pruebas. El caso generó todavía más conmoción porque la Fundación Más Vida ya había denunciado a Leiva y a otra profesional, Vanesa Marín, por haber impulsado informes favorables para que Altamirano recuperara la tenencia del niño sin realizar previamente un análisis socioambiental completo.
Según explicaron desde la fundación, las profesionales "ni siquiera conocían las condiciones" en las que vivía el menor porque "no realizaron el informe ambiental". Para la organización, las psicólogas contaban con información suficiente para advertir el peligro al que estaba expuesto el pequeño, pero actuaron en sentido contrario. "Expusieron a Ángel al sufrimiento y torturas que finalmente desencadenaron su muerte", denunciaron. Uno de los puntos más escalofriantes de la acusación apunta a que existían antecedentes de violencia documentados en expedientes previos y hasta videos donde el niño suplicaba no ser entregado a ese entorno familiar.
De hecho, en otro tramo de la denuncia sostienen: "Si un sistema permite que se firme una restitución basada en entrevistas de escritorio, ignorando antecedentes de violencia documentados en dos expedientes previos, si tolera que se desestimen videos de un niño suplicando no ser entregado, la falla es del sistema que habilita, ampara y reproduce estas prácticas". Castillo adelantó además que no descartan avanzar más adelante con un pedido de juicio político contra el juez Pablo José Pérez por su actuación en el caso. Mientras tanto, la tragedia de Ángel sigue dejando preguntas devastadoras: quiénes debían protegerlo, qué advertencias fueron ignoradas y cómo un niño que pidió ayuda terminó muriendo brutalmente golpeado después de haber sido devuelto por decisión judicial al lugar del que temía volver.