La escena todavía resuena como un eco insoportable en San Cristóbal, provincia de Santa Fe. Un adolescente de 15 años empuñó una escopeta dentro de una escuela y disparó contra sus compañeros. Detrás del estruendo, quedaron no solo los heridos, sino también una cadena de omisiones, silencios y responsabilidades que hoy empiezan a salir a la luz. El arma, una escopeta calibre 12/70 de doble cañón, había sido robada. Así lo confirmó el propio abuelo del joven, quien aseguró entre la angustia y la incredulidad: "La escopeta fue robada de acá adentro. La denuncia está hecha. Esto me genera muchísima tristeza".
La declaración, realizada en el canal América, abre un primer interrogante inquietante: ¿cómo llegó un arma de ese tipo a manos de un menor? El hombre también buscó despegarse de cualquier vínculo con el manejo del arma: "Él nunca cazó conmigo. Ni siquiera tengo cartucho yo. Nada. Yo no le enseñé nunca a usarla". Además, aclaró que no convivía con su nieto y que el contacto entre ambos era escaso.
Sin embargo, el dato de que el arma permanecía en su vivienda hasta la noche previa al ataque refuerza la sensación de descontrol y vulnerabilidad. La investigación confirmó que la escopeta -ya en manos del fiscal Mauricio Espinoza- estaba cargada al momento de ser hallada. En el lugar, los peritos encontraron dos vainas servidas, una canana con cartuchos calibre 12/70 UAB, un taco contenedor, perdigones, una mochila y un buzo negro.
En el patio norte del colegio, además, se secuestraron otros dos tacos contenedores, evidencia de que el ataque dejó rastros múltiples en distintos sectores del establecimiento. Los estudios periciales complican aún más la situación del adolescente. Los rastros levantados en sus manos, cuello y rostro, junto con el dermotest realizado con cinta adhesiva y difenilamina, dieron resultado positivo en ambas manos.
La materialidad del hecho no deja lugar a dudas. Pero el sistema judicial sí establece un límite: el joven fue catalogado como inimputable, ya que la nueva Ley Penal Juvenil todavía no entró en vigencia. En medio del caos, una intervención evitó un desenlace aún más trágico. Un asistente escolar logró reducir al atacante sujetándolo por el cuello, desarmarlo y facilitar su traslado a un centro de alojamiento de menores en Santa Fe.
Su reacción, casi instintiva, se transformó en la única barrera entre la violencia desatada y un saldo potencialmente fatal. Mientras tanto, la investigación avanza bajo la órbita de la fiscal de menores Carina Gerbaldo, con la colaboración del fiscal Mauricio Spinosa, ambos del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. El expediente crece en paralelo al desconcierto social. Pero hay otro hilo que atraviesa el caso y que resulta aún más perturbador: las advertencias previas que nadie escuchó.
Un padre de una alumna de quinto año reveló que el adolescente sufría bullying de manera sostenida. "Para ellos es molestarse y nada más, pero lo que veía pasarle a este chico era mucho", afirmó. El testimonio agrega un dato estremecedor: "La semana pasada dijo que iban a morir todos. Según uno de los compañeritos de mi hija, lo escuchó decir eso durante una clase". La amenaza, concreta y directa, nunca fue reportada ni generó intervención alguna. El sistema falló antes de que se apretara el gatillo.
El saldo inmediato del ataque dejó seis alumnos con heridas leves y dos casos de mayor gravedad derivados al Hospital Regional de Rafaela, entre ellos un chico de 13 años que ingresó en código rojo, aunque lúcido y estable. La tragedia no fue mayor por una combinación de azar y reacción humana en el momento justo.