La situación judicial del expresidente de la Nación, Alberto Fernández, alcanza un punto crítico tras el pedido formal de Fabiola Yañez para que la causa por violencia de género en su contra sea elevada a juicio oral.
Yañez, quien denunció a Fernández por presuntos golpes y maltratos sufridos antes y durante su estadía en la Quinta de Olivos, rechazó tajantemente los intentos de la defensa del expresidente de reiniciar desde cero la investigación.
La ex primera dama, a través de un escrito presentado por sus abogadas Marcela De Leonardis y María Eugenia Sosa, instó a que no se dilate más el avance del proceso judicial. Según trascendió, el juez federal Daniel Rafecas está próximo a determinar si la causa será elevada a juicio oral y público.
El equipo legal de Alberto busca invalidar gran parte del expediente argumentando que la instrucción fue liderada por el juez Julián Ercolini, quien fue apartado por la Cámara Federal de Casación Penal debido a una enemistad con el expresidente. Sin embargo, los jueces que resolvieron el apartamiento dejaron en claro que esta decisión no afectaba la validez de los actos procesales ya realizados y, pese a ello, Fernández insiste en que el caso debe retrotraerse a sus inicios, un pedido que calificó como un intento de dilación tanto por la querella como por el fiscal federal Ramiro González.
En un dictamen categórico, González criticó esta estrategia defensiva al señalar que "parece un recurso habitual por parte del imputado, en un afán de protagonismo y centralidad, ubicarse como víctima de un proceso en el que Fernández es quien atormentó, golpeó, lastimó y amenazó a una mujer, su por entonces pareja, Fabiola Yáñez".
Por su parte, las abogadas de Yañez no se quedaron atrás en su respuesta. En su presentación ante el juez Rafecas, calificaron el planteo del expresidente como "otro burdo intento de eludir la justicia" y advirtieron que el proceso judicial tiene "altas chances de terminar en condena".
"El retrotraer el proceso a sus inicios es sin duda revictimizar a la víctima", afirmaron De Leonardis y Sosa en el documento presentado. Además, destacaron que Fernández "en su consciente ceguera frente a los hechos, omite advertir que este proceso ha sido examinado jurídicamente por distintos representantes del Ministerio Público Fiscal y ha atravesado diversas instancias revisoras, en todas las cuales se confirmó la legalidad del trámite llevado adelante, así como la necesidad de investigar las conductas denunciadas".
Uno de los puntos más controversiales del caso gira en torno a los mensajes encontrados en el teléfono celular de María Cantero, ex secretaria privada del expresidente que fueron claves para sustentar las denuncias por violencia de género. La defensa de Fernández cuestionó la legitimidad de esta prueba, argumentando que su obtención podría haber sido irregular pero las abogadas de Yañez fueron contundentes al refutar estas críticas explicando que los planteos debieron hacerse en esa instancia y no en esta que ya está avanzada.
El documento también incluyó una crítica directa a lo que consideraron una actitud contradictoria del expresidente hacia el sistema judicial: "A juicio de lo expresado en el escrito de la defensa, el poder judicial únicamente actúa conforme a derecho cuando le da la razón. De lo contrario, es un poder judicial corporativo al servicio de intereses inconfesables (es increíble que esto sea dicho por quien fue el máximo responsable del gobierno y poco y nada hizo para cambiar estas instituciones que, según él, estarían viciadas)".
Alberto Fernández enfrenta cargos graves: amenazas coactivas, lesiones leves y graves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género. Tanto la querella como el Ministerio Público Fiscal ya solicitaron formalmente que el caso sea elevado a juicio oral.