La causa por la muerte del anestesista Alejandro Zalazar, hallado sin vida el 20 de febrero en su departamento de Palermo, sumó en las últimas horas un giro inquietante. La figura de Chantal "Tati" Leclercq, residente de tercer año, emergió con fuerza en un expediente que ya venía cargado de interrogantes, sustancias peligrosas y vínculos que la Justicia intenta desentrañar. El dato que encendió las alarmas es contundente: Leclercq fue imputada luego de que se comprobara que estuvo en el departamento de la víctima. Para los investigadores, no se trata de un detalle menor. Sospechan que pudo haber alterado pruebas al haber estado allí momentos después de la muerte.
El avance judicial incluyó un allanamiento en su vivienda del country Santa Bárbara, donde se secuestraron un celular iPhone y una tablet. Ambos dispositivos serán peritados con la expectativa de reconstruir comunicaciones, movimientos y posibles conexiones con las horas previas y posteriores al fallecimiento. Zalazar fue encontrado muerto con una vía conectada a su pie derecho. En el lugar había propofol, fentanilo y otros fármacos de uso anestésico.
La hipótesis principal apunta a un consumo de sustancias que habrían sido sustraídas del sistema hospitalario, en particular del Hospital Italiano. En ese expediente ya están bajo la lupa Delfina "Fini" Lanusse y el anestesista Hernán Boveri, acusados por el presunto robo de medicación. Pero la aparición de Leclercq complejiza aún más el escenario. Según se supo, la residente no solo mantenía vínculo con ambos, sino que además habría sido una de las últimas personas en ver con vida a Zalazar.
De hecho, días antes, incluso, había conversado con él. Detrás de la investigación asoma una hipótesis tan inquietante como difícil de probar: el consumo recreativo de drogas anestésicas en encuentros clandestinos, conocidos como "Propofest". En ese contexto, el nombre de Leclercq ya había aparecido en una denuncia de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AAARBA).
Allí, según consta en documentos incorporados a la causa, la joven reconoció haber consumido sustancias como propofol, ketamina, fentanilo y midazolam fuera del ámbito médico. También admitió haber sustraído medicación del Hospital Rivadavia. Ese reconocimiento, que en otro contexto podría haber derivado en sanciones administrativas, hoy adquiere una dimensión penal en el marco de una causa que investiga una muerte dudosa.
Aunque avanzan en juzgados distintos, las investigaciones por la muerte de Zalazar y por el robo de fármacos parecen converger en un mismo núcleo: profesionales de la salud con acceso a drogas de alto riesgo, utilizadas fuera de control. En el departamento del anestesista no solo se hallaron las sustancias, sino también una bomba de infusión, un equipo médico utilizado para administrar drogas intravenosas. Todo indica que no se trató de un consumo improvisado.
A la par, otro caso suma tensión: el del enfermero Eduardo Bentancourt, también hallado muerto con signos de inyección y rodeado de más de un centenar de ampollas de medicamentos. La Justicia intenta determinar si existe una conexión entre ambos episodios. Por ahora, la situación procesal de Leclercq se mueve en una zona ambigua. Aunque fue imputada en una de las líneas de investigación, en otros tramos del expediente figura apenas como "identificada".
Sin embargo, su rol es cada vez más relevante. Los investigadores buscan determinar si su presencia en la escena fue circunstancial o si tuvo un papel activo en la posible alteración de pruebas. La pericia sobre sus dispositivos será clave. Mientras tanto, el expediente sigue acumulando capas de complejidad: drogas robadas, profesionales involucrados, muertes sin explicación definitiva y un circuito clandestino que, de confirmarse, expondría una falla estructural en los controles del sistema de salud. En ese escenario, la figura de "Tati" Leclercq dejó de ser un dato lateral para convertirse en una pieza central de un rompecabezas que, por ahora, solo suma preguntas.