La trama de corrupción que envuelve a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) suma un nuevo capítulo: el fiscal Franco Picardi solicitó desestimar el pedido de nulidad presentado por los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, propietarios de la droguería Suizo Argentina.
En el centro de la investigación se encuentra el presunto cobro de sobreprecios en contratos millonarios de medicamentos, una operación que involucra a altos funcionarios del gobierno de Javier Milei como a su hermana Karina (que se quedaban con el 3% de los sobreprecios) pero también a Lule Menem, principal armador libertario.
Los hermanos Kovalivker, representados por su abogado Martín Magram, argumentan que la causa debería ser anulada debido a que se originó a partir de grabaciones clandestinas que, según su defensa, vulneran el derecho constitucional a la intimidad. Además, sostienen que los hechos investigados ya fueron juzgados en 2024, cuando otra causa similar concluyó sin pruebas de irregularidades.
Sin embargo, para la Fiscalía, las grabaciones no autorizadas son herramientas válidas en casos de corrupción, respaldadas por convenciones internacionales que permiten su uso para combatir delitos contra el Estado.
El juez Sebastián Casanello será quien evalúe el pedido de nulidad, aunque fuentes cercanas a Comodoro Py aseguran que el magistrado se inclina a seguir la línea del fiscal y rechazar la solicitud. De ser así, la decisión podría escalar a la Cámara Federal, donde se determinará la validez definitiva de las pruebas y los argumentos presentados.
La causa comenzó el 25 de agosto tras una denuncia de Alejandro Díaz Pascual, miembro de la asociación civil Arco Social. Díaz Pascual señaló compras millonarias realizadas por la ANDIS a Suizo Argentina por un monto cercano a los $30.000 millones, sin licitación pública. En la misma línea, la denuncia se vio reforzada por audios filtrados del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, quien acusó pedidos de coimas y puso la lupa directamente hacia la hermana del presidente.
Mientras tanto, los hermanos Kovalivker se negaron a entregar las claves de sus teléfonos celulares, alegando que contienen información sensible y privada: "No es que tengan algo que ocultar; simplemente protegen datos personales y familiares", justificó su abogado. Sin embargo, la Fiscalía confía en que los dispositivos sean desbloqueados por la DATIP para avanzar en la investigación.
Y, desde la Suizo Argentina insisten en que no existen irregularidades ni sobreprecios en sus operaciones en connivencia con Javier y Karina Milei y, aunque ésta última fue citada en el Congreso para dar explicaciones, se "escapó" raudamente a Estados Unidos para reunirse con Donald Trump.