En medio del escándalo sanitario por la distribución de fentanilo contaminado que ya se cobró al menos 68 vidas, un nuevo hallazgo volvió a encender todas las alarmas. Efectivos de la Sección Seguridad Vial Cañuelas, dependiente del Escuadrón Seguridad Vial Autopista Sur, interceptaron en el kilómetro 76 de la Ruta Nacional Nº3 un camión que trasladaba medicamentos sin documentación, entre los cuales se encontraba remifentanilo, un opioide 15 veces más potente que el propio fentanilo.
Durante el operativo, el conductor no pudo presentar licencia ni justificar el contenido del pallet que transportaba. La carga estaba oculta, sin remito ni factura, y al ser inspeccionada, los gendarmes hallaron más de 2.000 ampollas de morfina clorhidrato, 250 frascos de remifentanilo y otros fármacos de alto riesgo sanitario. El Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Antonio Armella, intervino de inmediato.
El vehículo fue trasladado a la base de la Gendarmería en Cañuelas, donde se llevó a cabo una inspección minuciosa con apoyo de criminalística. El conductor fue detenido por infracción a la Ley 23.737, que regula estupefacientes y precursores químicos. Este nuevo hallazgo ocurre mientras la Justicia Federal investiga 68 muertes vinculadas al uso de fentanilo contaminado, producido por el laboratorio HLB Pharma Group S.A., en colaboración con Ramallo S.A..
Las víctimas recibieron ampollas infectadas con bacterias letales como Klebsiella y Ralstonia, en un caso que ya abarca al menos cinco provincias: Buenos Aires, CABA, Santa Fe, Córdoba y Neuquén. La cifra real podría ser aún mayor, ya que según informes recientes, hay 20 fallecimientos adicionales bajo análisis por presentar características clínicas similares. En Córdoba, por ejemplo, un bebé de tres meses, Giovanni, fue internado en estado crítico tras recibir una ampolla contaminada como parte de su tratamiento neonatal. Se constató la presencia de Klebsiella, bacteria hallada en los lotes adulterados.
La situación es tan grave como opaca. El Ministerio de Seguridad de la Nación denunció al empresario Ariel García Furfaro, titular de HLB Pharma, por falsificar un certificado de habilitación municipal con el objetivo de renovar su permiso para importar fentanilo. La denuncia, firmada por Walter Klix, director nacional de Precursores Químicos, recayó en el juzgado de Sebastián Casanello, con la fiscalía de Guillermo Marijuan a cargo. Según la acusación, Furfaro presentó documentación apócrifa ante el Registro Nacional de Precursores Químicos, lo que habría permitido la importación de sustancias controladas sin los controles debidos.
Además, más de 90.000 ampollas de los lotes contaminados no fueron recuperadas. De las 154.530 distribuidas, apenas 60.000 fueron localizadas o retiradas. Las 42.000 restantes podrían estar aún en circulación o ya haber sido utilizadas. Mientras la justicia titubea y se mueve con lentitud, las familias de las víctimas gritan por respuestas. El pasado viernes realizaron una marcha frente al Hospital Italiano de La Plata, donde se detectaron los primeros casos.
Uno de los testimonios más desgarradores fue el de Daniel Gustavo Oviedo, padre de Daniel, una de las víctimas. "Esto no fue un accidente, fue abandono", declaró Oviedo en el programa Cómo te lo digo (Radio Colonia). "El 13 de abril mi hijo se comunicaba bien, estaba reactivo. Una semana después ya era otro paciente: hinchado, con reacciones alérgicas. Finalmente murió por una bacteria que no fue detectada a tiempo", detalló.
Su hijo era paciente de diálisis crónica desde los 16 años. Tenía 44 años, era solidario, fanático de Estudiantes, cabeza de familia. Ahora, su padre lo recuerda entre lágrimas: "Lo tengo en una cajita. Quiero justicia. No se puede tapar con silencio una tragedia de este tamaño". Oviedo también denunció la falta de trazabilidad en la cadena de distribución, el ocultamiento de información en los expedientes judiciales, y el posible encubrimiento de los laboratorios implicados.
Incluso, denuncia que los laboratorios habrían destruido materia prima sin supervisión judicial. El caso está en manos del juez federal Ernesto Kreplak, que recientemente incorporó 20 nuevas historias clínicas de hospitales públicos y privados. Ya hay 24 personas investigadas por omisión de controles, presunta adulteración y distribución negligente de los opioides. Se les prohibió salir del país y se ordenó el embargo de sus bienes. El Instituto Malbrán analiza las muestras de sangre de las víctimas para determinar la trazabilidad definitiva. Mientras tanto, muchas muertes siguen caratuladas como "sospechosas".