La escena quedó congelada en el tiempo: un departamento en Palermo, un cuerpo sin vida, una vía intravenosa aún conectada y, al lado, un celular bloqueado que ahora se convirtió en la pieza más codiciada de una investigación cargada de sombras. La Justicia busca abrir el teléfono de Alejandro Zalazar, el anestesista de 31 años que murió tras una sobredosis de propofol y fentanilo. Dentro de ese dispositivo podría estar la clave para entender no solo su muerte, sino también una trama más amplia que involucra el presunto robo de fármacos y su circulación por fuera del circuito hospitalario.
El aparato fue encontrado junto al cuerpo cuando la Policía ingresó al departamento. Desde entonces, permanece inaccesible. Por eso, se solicitó la intervención de especialistas de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal, con un objetivo claro: romper ese silencio digital y acceder a información que podría ser decisiva. La urgencia es evidente. Las autoridades saben que cada mensaje, cada contacto, cada registro puede reconstruir las últimas horas -o los últimos meses- de un médico cuya vida terminó en circunstancias tan abruptas como inquietantes.
La autopsia no dejó dudas sobre el desenlace: Zalazar murió por una combinación letal. "Congestión, edema pulmonar y edema meningoencefálico", producto del consumo de propofol y fentanilo, dos anestésicos de uso estrictamente hospitalario. Sustancias que, fuera de control médico, se convierten en una amenaza silenciosa. Pero la muerte fue apenas el comienzo. En el departamento también se encontraron insumos médicos y una vía que, según confirmaron los investigadores, pertenecía al Hospital Italiano. Ese hallazgo abrió una segunda línea de investigación: la posible sustracción de medicamentos del sistema sanitario.
Así, el caso se bifurcó. Por un lado, la "muerte dudosa" de Zalazar. Por otro, el circuito por el cual estos fármacos habrían salido del hospital para terminar en ámbitos privados. En ese entramado aparecen otros nombres: los anestesiólogos Hernán Boveri y Delfina "Fini" Lanusse, ambos imputados y desvinculados de sus cargos. La hipótesis no apunta, al menos por ahora, a una red de narcotráfico, sino a una presunta administración fraudulenta. Drogas legales, pero en manos equivocadas. Mientras tanto, una palabra empezó a circular con fuerza inquietante en el ámbito médico: "Propo fest".
Se trata de reuniones privadas donde, según fuentes judiciales, se habría consumido propofol de manera recreativa. Encuentros clandestinos, lejos del quirófano, donde el control desaparece y el riesgo se vuelve absoluto. Zalazar, creen los investigadores, habría sido parte de ese circuito. El impacto dentro del sistema de salud fue inmediato. "Definitivamente es impactante, sobre todo para los que somos médicos", reconoció el director del Hospital Fernández y toxicólogo Carlos Damin.
El especialista explicó con crudeza el funcionamiento de estas sustancias. El propofol "genera un cuadro entre el sueño profundo y el estar despierto, con cierta euforia", pero su administración requiere una precisión extrema. El margen de error es mínimo. El fentanilo, por su parte, "es un opioide que genera euforia y placer, pero con el tiempo dura menos, lo que lleva a repetir dosis y desarrollar dependencia". La combinación es peligrosa. Y fuera de un entorno controlado, puede ser mortal.
Damin también puso el foco en una dimensión menos visible: la presión. "Son profesionales que realmente estudian, están bien formados, tienen muchos controles, también mucho estrés", explicó. Y sumó un factor inquietante: "Podemos hablar de la omnipotencia de los médicos, que sentimos que podemos controlar todo". Quizás ahí, en esa mezcla de conocimiento, exigencia y falsa sensación de dominio, se esconde parte del enigma.
Porque los controles existen. "Las ampollas que salen tienen que devolverse rotas. Esto es así desde hace 30 años", remarcó el especialista. Sin embargo, algo falló. Y ese fallo hoy se investiga en tribunales. Mientras tanto, la causa avanza entre peritajes, cámaras de seguridad y testimonios cruzados. La fiscalía intenta reconstruir los movimientos previos a la muerte y ya pidió ampliar el análisis de imágenes a los días anteriores. Pero todo vuelve al mismo punto: ese celular bloqueado.