El Gobierno de La Libertad Avanza anunció el inicio del proceso de privatización de AySA, la empresa estatal encargada de la provisión de agua potable y saneamiento en el área metropolitana de Buenos Aires.
Según Manuel Adorni, vocero presidencial de Javier Milei, la iniciativa busca "incorporar capital privado mediante la transferencia del 90% de las acciones de la empresa, actualmente en manos del Estado". Pero detrás de esta decisión, se esconden interrogantes sobre las verdaderas motivaciones y consecuencias de entregar una empresa clave para el bienestar social a manos privadas.
El esquema propuesto combina una licitación pública nacional e internacional para seleccionar un operador estratégico y una oferta pública inicial que abrirá el capital de la empresa a otros inversores. Además, se plantea mantener el programa de propiedad participada vigente, asegurando que los empleados de AySA continúen siendo accionistas del 10% del capital social. Adorni justificó la privatización argumentando que desde su reestatización en 2006, AySA ha requerido "aportes permanentes del tesoro nacional por un total de u$s13.400 millones hasta 2023".
Según él, estos números reflejan una gestión estatal "ineficiente" marcada por el deterioro de la infraestructura, el aumento desmedido de los costos operativos. Sobre esto -no sin usar tono burlón- explicó: "En este sentido, indicadores claves marcan que hubo un fuerte deterioro en la infraestructura de la empresa, los costos operativos, donde por ejemplo la dotación creció un 90% durante la gestión estatal, y el nivel de morosidad por parte de los usuarios alcanzó el 16% cuando supo ser del 4% promedio".
Adorni también apuntó contra la administración previa, afirmando que se gastaron más de u$s4.800 millones en AySA durante su última gestión, pero que solo u$s200 millones fueron destinados a obras haciendo referencia -sin nombrarlos- a Sergio Massa y a su esposa Malena Galmarini que estuvo a cargo de la empresa en su última gestión: "Este Gobierno se encontró que se gastaron en AYSA más de u$s4.800 millones solo en la última gestión. Con todo ese presupuesto, la empresa funcionó como una plataforma de campaña, hubo u$s200 millones destinados a obras y el 25% de esas obras se asignaron a Tigre y Malvinas Argentinas, los dos municipios de donde provenía su cúpula directiva".
"La privatización de la empresa permitirá modernizar el sector y mejorar el precio y la calidad del servicio. Es el paso más importante", afirmó Adorni con contundencia. Pero esta promesa no es nueva; ya en los años 90, durante el auge neoliberal en Argentina, se plantearon argumentos similares para justificar privatizaciones masivas. Los resultados fueron mixtos: algunas empresas mejoraron su eficiencia, pero otras generaron tarifas inaccesibles para grandes sectores de la población y priorizaron las ganancias por encima del servicio público.
El agua potable y el saneamiento no son productos comerciales... son derechos humanos fundamentales reconocidos por organismos internacionales como la ONU. Delegar su gestión a actores privados implica riesgos significativos, como aumentos desmedidos en las tarifas, exclusión social y falta de inversión en áreas menos rentables. La experiencia global demuestra que muchos países han optado por reestatizar servicios similares tras comprobar que la privatización no garantizó ni calidad ni accesibilidad.
El proceso de privatización de AySA contará con la regulación de la Comisión Nacional de Valores y promete ajustarse "a los más altos estándares nacionales e internacionales para garantizar la transferencia", según el mismísimo Manuel Adorni, lo que para nada disipa los temores sobre posibles favoritismos en la licitación (tal como ocurrió con las empresas de seguridad que contrataron desde el gobierno nacional con la familia de Eduardo y Martín Menem). Ahora resulta inevitable la pregunta sobre quiénes serán los verdaderos beneficiarios de este proceso.