El Hospital Garrahan atraviesa horas de máxima tensión luego de que el Gobierno nacional anunciara el despido de once trabajadores y sanciones disciplinarias contra otros treinta, muchos de ellos referentes gremiales y activistas de la lucha salarial que se desarrolló durante el último año. La medida se inscribe en un sumario iniciado hace dos meses contra 41 empleados del hospital pediátrico y fue comunicada públicamente por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, antes incluso de que los propios involucrados fueran notificados de manera formal.
En un país donde cada derecho laboral costó años de lucha, organización y resistencia, el Gobierno parece decidido a reinstalar el miedo como método de disciplinamiento. Con un discurso amenazante y violento, Adorni celebró la medida en redes sociales con la consigna "el que las hace, las paga". En el mismo mensaje aseguró: "El Hospital Garrahan ha solicitado el desafuero de 10 gremialistas para proceder con sus despidos, tras haber dirigido y tomado ilegalmente las oficinas de la dirección del establecimiento en octubre de 2025".
En este contexto, BigBang dialogó con Alejandro Lipcovich, delegado general de ATE Garrahan y uno de los trabajadores despedidos, quien expresó su conmoción y cuestionó con dureza el procedimiento: "Estamos en un estado de conmoción en el Garrahan. Hace muy poco nos hemos enterado de lo siguiente, que luego el jefe de Gabinete ratificó. Nosotros venimos denunciando que estamos sumergidos en un proceso de sumario a cuarenta y cuatro trabajadores y trabajadoras del hospital Garrahan".
El dirigente explicó que el proceso disciplinario alcanza principalmente a referentes sindicales y trabajadores de distintas áreas, acusados por participar en protestas contra los recortes presupuestarios y salariales: "Ese sumario incluía a los principales dirigentes de ATE, de la Asociación de Profesionales y a otros trabajadores por haber participado en protestas dentro y fuera del hospital, contra los recortes, por aumento de salario, contra los descuentos por ejercer el derecho al paro, en defensa, en definitiva, del hospital Garrahan, en la gran lucha que hicimos el año pasado".
Hoy, salir a la calle a marchar ya no solo expone a la represión de las fuerzas de seguridad del Gobierno libertario o a terminar con un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza, como le ocurrió a Pablo Grillo, sino también a perder el trabajo. Todo mientras el oficialismo banaliza la política con shows mediáticos del presidente y mensajes intimidatorios difundidos desde cuentas oficiales.
Lipcovich remarcó que el anuncio público confirma el carácter político del proceso: "Ahora el propio jefe de Gabinete anuncia minutos después que nos llega el dictamen de la oficina de sumarios, lo cual confirma que es una operación cien por ciento política, porque es un informe reservado, que de ninguna manera debería tener el jefe de Gabinete si esto fuera normal, cosa que no lo es".
En ese marco, detalló el alcance de las sanciones: "Anuncian el despido de una cantidad de compañeras y compañeros, entre los cuales me incluyo, junto a otros diez compañeros más. Algunos somos representantes electos, tanto en ATE como en la Asociación de Profesionales, otros no. También hay sanciones con suspensiones a muchísimos trabajadores y trabajadoras de todas las profesiones y de todas las áreas del hospital".
Según el delegado, la decisión responde a una estrategia definida desde la Casa Rosada: "Es evidente que este operativo político, decidido a escala del Poder Ejecutivo, busca aleccionar a una de las principales luchas que se dio en el año veinticinco, que le quebró la mano al Gobierno, que nos trató de ñoquis, que nos trató de truchos, que intentó quebrarnos por todas las vías posibles y que fue derrotado".
A cada paso que dan, Javier Milei y su séquito dejan en evidencia que no vinieron a "terminar con la casta", como juraron durante meses de campaña, sino a reemplazarla por una propia, cómoda y obediente. El problema es que el país no es un reality show ni un escenario de provocaciones constantes: de sus decisiones dependen jubilados, jóvenes que buscan un futuro y trabajadores que se rompen el lomo para llegar a fin de mes.
Lipcovich también vinculó los despidos con el avance de una reforma laboral regresiva y el vaciamiento sostenido del hospital: "A pocos días de que quieran aprobar una reforma laboral, el mensaje que pretenden es clarísimo. Además, cuando el vaciamiento del hospital no ha cesado, tenemos la novedad de setenta contratos que la semana pasada fueron cancelados. Eran contratos ya precarios y los dan de baja con la extorsión de pasarse a monotributo".
En ese sentido, alertó sobre el rumbo que el Gobierno pretende imponer en la institución: "Hay una línea empresarial y de vaciamiento sobre lo que debería ser la principal institución de pediatría pública de la Argentina, y este gobierno no quiere que siga siendo así". En la práctica, denunció, se negocia con la salud de los más chicos.
Finalmente, el dirigente confirmó que los trabajadores se organizarán para resistir el atropello: "Vamos a realizar reuniones, asambleas y nos vamos a organizar para enfrentar esto. Por ahora es solo un dictamen de la oficina de sumarios, que vamos a apelar y frente al cual ejerceremos nuestro derecho a defensa, aunque, como demuestra lo de Adorni, es evidente que el veredicto ya está escrito".
En ese marco, la Junta Interna de ATE Garrahan anunció una conferencia de prensa para este miércoles a las 12 en la puerta del hospital, en Combate de los Pozos 1881, y convocó a una amplia solidaridad frente a lo que consideran un ataque directo al derecho a la protesta y a la organización sindical.
Mientras el Gobierno de Javier Milei realiza una cacería sindical, los trabajadores del Garrahan eligen alzar la voz y no retroceder, aun sabiendo que las consecuencias pueden ser personales y graves. En juego no está solo la continuidad laboral de quienes hoy son perseguidos, sino el futuro del principal hospital pediátrico público del país y el derecho básico a reclamar sin miedo.