La justicia brasileña avanza con firmeza en el proceso judicial contra Jair Bolsonaro, ex presidente de Brasil, y su hijo Eduardo, en un caso que pone de manifiesto las consecuencias de los actos antipatria del gobierno de la ultraderecha brasileña. Las medidas impuestas por el juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, marcan un antes y un después en la lucha contra los intentos de socavar el Estado democrático de derecho en el país.
En un operativo realizado esta semana, la Policía Federal allanó la residencia de Bolsonaro ante el riesgo inminente de una fuga, en medio del juicio por el intento de golpe de Estado ocurrido en 2023. Allí se encontraron cerca de 14 mil dólares en efectivo, una cantidad que supera el límite permitido sin declarar a la Hacienda Pública Federal. Esta cantidad de dinero refuerza las sospechas sobre los planes del ex mandatario para escapar del país.
Entre las restricciones impuestas por De Moraes, destaca la implementación de una tobillera electrónica para monitorear los movimientos de Bolsonaro las 24 horas del día. Además, se le prohibió acceder a redes sociales y comunicarse con su hijo Eduardo, quien también está bajo investigación por obstrucción de la justicia y atentar contra el país.
Por su parte, Eduardo Bolsonaro enfrenta un panorama igualmente complejo: se especula que podría renunciar a su cargo como diputado para evitar regresar a Brasil, donde podría caer en prisión preventiva. Además, se le ha prohibido acercarse a embajadas ante la posibilidad de solicitar refugio en gobiernos aliados como Estados Unidos, Argentina (donde tiene como principal aliado al gobierno de Javier Milei) o Hungría.
El juez fue categórico en su sentencia, cuyo texto completo fue publicado tras levantarse el secreto de sumario: detalla las acciones del ex presidente y su hijo que constituyen "actos claros y expresos ejecutivos y flagrantes de la comisión de actos delictivos" como por ejemplo el lobby realizado por Bolsonaro con el gobierno de Estados Unidos para interferir en asuntos internos brasileños.
Según el juez, Bolsonaro confirmó haberse reunido con Ricardo Pita, asesor principal del Departamento de Estado estadounidense para el Hemisferio Occidental, en mayo de 2025 para discutir temas confidenciales que posteriormente fueron utilizados para presionar políticamente al Supremo Tribunal Federal (STF).
El documento también expone cómo el hijo de Jair usó sus redes sociales para anunciar posibles sanciones contra las autoridades brasileñas y el Estado, en un intento por posicionar a su familia como víctimas de persecución política internacional. De Moraes no dejó lugar a dudas: estas acciones buscan inducir la intervención extranjera de Donald Trump y someter al STF a los intereses del gobierno estadounidense.
En paralelo, Trump salió en defensa de Bolsonaro mediante una carta publicada en su plataforma Truth Social, donde exige el fin inmediato del proceso judicial contra el ex presidente brasileño. Pero... ¡puede haber más! El presidente yankee también amenaza con imponer sanciones contra Alexandre de Moraes, como parte de una estrategia coordinada para desestabilizar las instituciones brasileñas y presionar al sistema judicial del país vecino.
Jair Bolsonaro: más sucio que una papa
La Fiscalía General ha acusado formalmente a Bolsonaro de delitos graves como tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daños calificados con violencia y amenaza grave contra patrimonio federal, participación en organización criminal y deterioro de bienes catalogados. Todo esto podría derivar en una condena superior a 40 años de prisión para el ex mandatario y otros siete acusados que participaron en los hechos.
Mientras tanto, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva expresó su postura en un mensaje a través de la televisión brasilera en la que calificó a la familia Bolsonaro como "traidores a la patria" y aseguró que no aceptará chantajes ni presiones externas. Además, anunció que recurrirá a organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC) para enfrentar los aranceles impuestos por Estados Unidos, una medida que considera parte del plan coercitivo liderado por Jair Bolsonaro y Donald Trump.