La situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo frente de conflicto que amenaza con transformarse en un problema político mayor para el Gobierno. La adquisición de un departamento en Caballito por 230 mil dólares, financiado en un 87% mediante una hipoteca no bancaria otorgada por dos jubiladas, abrió una serie de interrogantes que ya se trasladaron a la Justicia. Detrás de la operación, la oposición no ve una simple compra inmobiliaria, sino algo más complejo. El diputado Esteban Paulón fue contundente: "la operación es muy rara" y, según afirmó, existen "muchos elementos para suponer que la compra del departamento de Caballito se realizó a través de una maniobra fraudulenta, donde aparecen personas que intermedian en la venta y compra de un departamento, en una típica maniobra de lavado de dinero".
Los detalles de la transacción alimentan las dudas. El inmueble, de casi 200 metros cuadrados, pertenecía a dos mujeres que no solo figuran como vendedoras, sino también como acreedoras del crédito que permitió la compra. Cada una aportó el 50% de un préstamo cercano a los 200 mil dólares. Para los denunciantes, este esquema no es habitual. "Adorni no podría explicar ni siquiera cómo va a pagar una cuota de una hipoteca de 200 mil dólares con el ingreso que declara", disparó Paulón, quien además anticipó que solicitará la citación de la escribana interviniente para esclarecer la operación.
El foco judicial, precisamente, comienza a desplazarse hacia la trazabilidad de los movimientos: montos, condiciones y actores involucrados. La intención es determinar si existe correspondencia entre lo declarado por el funcionario y su capacidad real para afrontar este tipo de adquisiciones. El departamento de Caballito no aparece aislado. Según la denuncia, forma parte de un conjunto de movimientos patrimoniales que incluyen una propiedad en el country Indio Cuá y una camioneta 4x4.
A esto se suma otro dato que genera ruido: la reciente puesta en venta de un departamento en la calle Asamblea, de menor tamaño pero con un valor similar al de la nueva adquisición. Para Paulón, esta secuencia refuerza las sospechas: "Hay muchos indicios para entender que ese departamento se compró sin la idea de desprenderse de ningún bien". "Hay un nivel de vida y crecimiento patrimonial que Adorni no puede explicar con los ingresos que registra en su declaración jurada", añadió.
La ofensiva judicial no se limita a las propiedades. La investigación ya incluye otras líneas, como el análisis de los viajes realizados por el funcionario durante 2023, con el objetivo de cruzar esa información con registros migratorios y detectar posibles inconsistencias. En este tipo de causas, los cruces de datos suelen ser determinantes. La estrategia apunta a encontrar desfasajes entre lo declarado y lo efectivamente realizado, una clave clásica en investigaciones por presunto lavado o enriquecimiento irregular. La citación de la escribana aparece como un paso central en ese camino.
Su testimonio podría aportar información precisa sobre el circuito de la operación y despejar -o confirmar- las dudas existentes. Más allá del frente judicial, el impacto político comienza a sentirse dentro del propio oficialismo. Paulón lo planteó sin rodeos: "Adorni va a terminar saliendo porque es un costo político muy alto para el Gobierno". En esa lectura, el jefe de Gabinete cumple un rol estructural dentro del esquema de poder. "El jefe de Gabinete es el fusible del presidente", explicó el diputado, y agregó que el oficialismo lo sostendrá hasta encontrar un reemplazo que encaje en el círculo de confianza de Javier Milei y Karina Milei.
De esta manera, sugiere que el desenlace podría no depender tanto de la resolución judicial como de la dinámica política interna. Mientras la causa avanza, Adorni intenta recuperar centralidad política con reuniones sectoriales, como el reciente encuentro con el presidente de la Sociedad Rural. Sin embargo, la agenda judicial sigue marcando el pulso. Por ahora, lo único claro es que el caso dejó de ser un episodio aislado para convertirse en un problema político de escala.