Pinocho
31 Marzo de 2026 08:39
A poco más de dos años de su llegada a la gestión pública, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a quedar en el ojo de la tormenta. Esta vez, no por sus declaraciones como ex vocero presidencial sino por una operación inmobiliaria que, lejos de disipar dudas, suma interrogantes sobre el origen y la estructura de financiamiento de su patrimonio. La adquisición de un departamento de casi 200 metros cuadrados en el barrio porteño de Caballito, escriturado en noviembre de 2025 por un total de 230.000 dólares, encendió alarmas tanto en el ámbito político como judicial. El dato más sensible no es solo el valor -cuestionado por estar por debajo del precio de mercado- sino la modalidad de pago: una hipoteca no bancaria por 200.000 dólares otorgada por las mismas personas que vendieron el inmueble.
Según consta en los registros oficiales, Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, habrían aportado apenas 30.000 dólares en efectivo, financiando el resto mediante un crédito otorgado por dos particulares: Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, quienes figuran como acreedoras del 50% cada una. El esquema, que en los papeles implica que las vendedoras financiaron casi el 90% de la compra, no solo resulta inusual en el mercado inmobiliario sino que adquiere mayor gravedad tras conocerse un dato clave: ambas mujeres negaron públicamente conocer al funcionario. "¿Usted conoce a Manuel Adorni?". "No, la verdad que no", respondió Viegas ante la consulta de La Nación.
Consultada sobre si había otorgado dinero en forma de hipoteca, fue aún más tajante: "Ay, no, no, no. Gracias".
En el caso de Sbabo, la respuesta fue igual de evasiva: "Yo no lo conozco, la verdad que no sé si ella", dijo una mujer que atendió su teléfono. Y ante la pregunta sobre la hipoteca: "No, ni idea de esas cosas". Las declaraciones, que contradicen lo asentado en la escritura, profundizan las sospechas sobre la operación y abren interrogantes sobre la posible existencia de intermediarios o mecanismos no declarados. La compra del departamento en Caballito se suma a otra adquisición reciente: una propiedad en el country Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz, registrada a nombre de su esposa en 2024.
A esto se agrega que el funcionario aún conserva su vivienda anterior en Parque Chacabuco. El crecimiento patrimonial en un período relativamente corto -coincidente con su paso por la función pública- es precisamente lo que analiza la Justicia Federal, en una causa por presunto enriquecimiento ilícito que busca determinar el origen de los fondos. El expediente está en manos del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, mientras que uno de los denunciantes, el diputado Esteban Paulón, ya puso el foco en las inconsistencias de la operación. "El valor declarado está muy por debajo del mercado", remarcó.
Sin ir más lejos, Adorni pagó u$s 200.000 por su piso de 200 metros en Caballito, pero un semipiso de 133 metros cuadrados en la misma cuadra está cotizado en u$s 360.000. "¡La hipoteca con particulares, en estas condiciones, parece más una intermediación armada que una transacción convencional", advirtió Paulón. En medio del escándalo, Adorni optó por una estrategia defensiva: evitar dar explicaciones públicas detalladas y remitir cualquier aclaración a la Justicia. "A mi patrimonio lo construí en los 25 años que estuve en el sector privado; no tengo nada que esconder", sostuvo en una reciente conferencia en Casa Rosada.
Sin embargo, evitó responder preguntas específicas sobre esta compra y otras operaciones recientes. Puertas adentro del Gobierno, en tanto, buscan bajar el tono de la polémica. "Adorni no se va, su situación ya no es tema. Está trabajando en la agenda parlamentaria", deslizó una fuente con acceso al despacho presidencial. Pero los hechos parecen contradecir esa intención de cerrar el capítulo. La falta de claridad sobre el financiamiento, las contradicciones de las presuntas prestamistas y el contexto de otras adquisiciones recientes mantienen el caso abierto tanto en la arena judicial como en la opinión pública.
