En pie de guerra
31 Marzo de 2026 12:12
La disputa entre el Gobierno nacional y el sistema universitario sumó un giro decisivo. La Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación del Ejecutivo y confirmó la medida cautelar que lo obliga a cumplir con la Ley de Financiamiento Educativo Universitaria y Recomposición del Salario Docente. La orden es clara: aplicación "inmediata". El fallo impacta de lleno en el corazón del conflicto. Exige actualizar los salarios de docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley en septiembre de 2025, y también recomponer los programas de becas estudiantiles.
Es decir, apunta directamente a uno de los ejes más sensibles del ajuste: el deterioro salarial y presupuestario de las universidades públicas. Los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán fueron categóricos. Consideraron "poco serios" los argumentos del Estado, que había sostenido que la cautelar implicaba una sentencia definitiva encubierta. Para el tribunal, no sólo no se afecta el interés público, sino que ocurre lo contrario: lo que está en juego es un derecho constitucional central, como la educación superior.
Además, desestimaron uno de los principales argumentos del Gobierno: el impacto fiscal. Según la Cámara, la aplicación de la ley no compromete de manera sustancial las cuentas públicas, debilitando así el discurso oficial que justificaba su incumplimiento. El fallo también introduce una definición política de peso: recuerda que la ley fue aprobada por el Congreso y ratificada con dos tercios de los votos, incluso tras el veto presidencial. "No debe perderse de vista" ese dato, subrayaron los magistrados, marcando un límite institucional al intento del Ejecutivo de neutralizar la norma mediante un decreto.
El conflicto tiene un punto de origen preciso: el Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno suspendió la aplicación de la ley argumentando que no estaban definidas sus fuentes de financiamiento. Ese movimiento fue considerado por la Justicia como una maniobra de dudosa legalidad. El juez de primera instancia, Enrique Cormick, ya había advertido sobre una "arbitrariedad e ilegalidad manifiesta", además de una "inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico".
La Cámara ahora refuerza esa lectura y va más allá: cuestiona la idea de que el Ejecutivo pueda dejar sin efecto una ley vigente apelando a otra norma del mismo rango. La respuesta del tribunal es contundente: no puede. El fallo llega en un contexto de máxima tensión. Durante 2024 y 2025, el conflicto escaló con paros prolongados y movilizaciones masivas en todo el país. Las calles se llenaron de estudiantes, docentes y no docentes bajo consignas como "Si hay veto, hay marcha".
Las universidades denunciaron un deterioro acelerado de sus condiciones de funcionamiento: salarios licuados, becas desactualizadas y presupuestos insuficientes. La cautelar judicial fue, en ese marco, una herramienta clave para intentar frenar el ajuste. En paralelo, instituciones como la UBA advirtieron que el presupuesto 2026 no contempla los recursos necesarios para garantizar actividades básicas como docencia, investigación y extensión.
Pese al revés judicial, el Ejecutivo mantiene su postura. Sostiene que la ley requiere definir previamente su financiamiento y que esa discusión corresponde al Congreso, no a la Justicia. También insiste en el riesgo para el equilibrio fiscal. En esa línea, la estrategia oficial apunta a impulsar una nueva ley que modifique el esquema vigente sin desarmar completamente el actual. Sin embargo, el proyecto aún no fue tratado y el conflicto sigue abierto.
