Mientras algunos celebran la confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, otro capítulo digno de un thriller político-judicial se escribe en silencio desde los pasillos de Comodoro Py. El presidente del Tribunal Oral Federal N° 2, Jorge Gorini, solicitó licencia justo una semana antes del 19 de junio, fecha en la que vence el plazo para que la ex presidenta y los demás condenados se presenten ante la justicia. Su reemplazo será nada menos que Rodrigo Giménez Uriburu, un juez cuya supuesta imparcialidad hace agua por todos lados y que no es ajeno a la escena ni a los protagonistas detrás del telón judicial.
La licencia de Gorini -por más que haya sido "prevista con anterioridad"- deja expuesto el momento estratégico de su salida temporal. Será su compañero de equipo (literalmente) quien tome el control del tribunal en un momento clave: el de la ejecución de la sentencia. Y sí, hablamos de "equipo" en el sentido más deportivo del término, porque Giménez Uriburu y el fiscal Diego Luciani compartieron la misma camiseta en la cancha de fútbol de la quinta de Mauricio Macri, mientras este ocupaba la Presidencia.
Las fotos que reveló Página/12 en su momento no dejaron margen para el beneficio de la duda: Luciani y Giménez Uriburu, sonrientes, posando con el equipo "Liverpool" en torneos amateurs. Uno de esos partidos, nada menos, jugado en la quinta presidencial Los Abrojos. La postal alcanza para explicar por qué el concepto de "temor objetivo de parcialidad" cobra más vigencia que nunca. No se trata sólo de una fotografía: se trata de la exposición obscena de una familiaridad incompatible con el rol que la Constitución les exige a jueces y fiscales que deben actuar con autonomía, independencia y ecuanimidad.
El club Liverpool -nombrado en honor a The Beatles, pero con una agenda mucho más terrenal- tiene su página en redes sociales. Allí, el padre de Giménez Uriburu publicó en plena campaña de 2019 un video del periodista Pablo Rossi pidiendo a gritos la cárcel para Cristina Kirchner. Un posteo que no escandalizó a nadie en el club, sino que fue recibido con aplausos digitales. No hubo mensajes de repudio. Ningún "no mezclemos política y fútbol". El silencio fue cómplice. Como si la justicia ya hubiera pitado el final del partido antes de que comenzara.
No es sólo la cercanía con Macri lo que despierta sospechas: el segundo fiscal del juicio, Sergio Mola, también formó parte de este engranaje. Visitó la Casa Rosada en 2016 para reunirse con Pablo Clusellas, operador clave de la "mesa judicial" macrista, aquella que armaba causas y presionaba jueces para domesticar tribunales. Mola, designado a dedo en la fiscalía federal de Lomas de Zamora, fue trasladado por la Procuración para acompañar a Luciani en la acusación que terminó en condena.
Las imágenes de su acto de asunción, rodeado de figuras del PRO como Patricia Bullrich y Cristian Ritondo, terminan de completar el álbum de una justicia claramente inclinada hacia un solo arco. Mientras tanto, Casación también tenía lo suyo: Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, los jueces que debieron revisar la apelación de Cristina Kirchner, fueron visitantes habituales de Macri en Olivos y Balcarce 50. ¿Quién puede sostener con seriedad que el proceso gozó de legitimidad institucional?
En ese contexto, la licencia de Gorini y la asunción de Giménez Uriburu no son meros movimientos administrativos. Son jugadas predecibles en un partido donde el resultado parece haber sido acordado en el vestuario, mucho antes del pitazo inicial. Un espectáculo sin vergüenza, donde los jueces y fiscales ya no disimulan sus colores. Pero el problema no es sólo de ellos. El verdadero drama institucional es que esta lógica ya fue naturalizada por buena parte del poder político, judicial y mediático.
Que jueces y fiscales compartan un asado con los acusadores, que se reúnan con un ex presidente que fue denunciante activo, que publiquen diatribas ideológicas en redes personales y que luego se sienten en el estrado a impartir justicia sin que nadie se sonroje, habla de una democracia capturada por el revanchismo judicial. La política metió la cola, claro. Pero no sólo la política: también lo hicieron los medios, los servicios, los empresarios y los operadores judiciales. Y mientras algunos celebran la condena, lo que está verdaderamente en juego es el Estado de Derecho.