La causa judicial por la criptomoneda $LIBRA sumó un capítulo de alto voltaje político: la querella solicitó que sean llamados a indagatoria el presidente Javier Milei, su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y otras 13 personas, en el marco de una investigación por presunto cohecho, negociaciones incompatibles y una posible "asociación ilícita". El pedido, presentado por el damnificado Martín Romeo junto al abogado Nicolás Oszust, quedó en manos del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y se suma a una solicitud similar impulsada días atrás por el dirigente social Juan Grabois.
Por ahora, ni el juzgado ni el fiscal Eduardo Taiano se pronunciaron. El escrito, de más de 200 páginas, no se limita a cuestionar el colapso de una criptomoneda. Va mucho más allá: describe un esquema que, según la querella, se habría gestado durante años y que tuvo su punto culminante en 2025 con el lanzamiento y desplome de $LIBRA. Según la reconstrucción presentada, los "cimientos del engaño" se remontan a 2018, cuando el empresario Mauricio Novelli fundó una academia financiera donde participaban figuras públicas como Milei.
Allí, sostiene la acusación, no solo se formaban inversores sino que se construía una red orientada a captar ahorristas y canalizarlos hacia plataformas internacionales. La querella afirma que ese entramado adquirió conocimientos en manipulación de mercados, evasión fiscal y uso de estructuras offshore, que luego habrían sido utilizados en el desarrollo del token. Uno de los puntos más sensibles del expediente es la presunta "infiltración" en organismos públicos.
La designación de Sergio Morales en la Comisión Nacional de Valores aparece, para los denunciantes, como una pieza clave: "no es un dato aislado", sino parte de una estrategia para influir desde adentro en la regulación del sector cripto. El denominado "Tech Forum", realizado en 2024, también ocupa un lugar central en la denuncia. Allí participaron funcionarios del Gobierno, incluido el propio Milei y Adorni.
Para la querella, ese evento funcionó como una "fachada" destinada a dotar de legitimidad institucional a un esquema que luego se utilizaría para captar inversores. En ese contexto, la presencia de Adorni no habría sido inocua: según el escrito, sirvió para "simular un respaldo institucional absoluto", condición clave -afirman- para generar confianza en financistas y ahorristas. El expediente no ubica al presidente como ejecutor técnico de la maniobra, pero sí como una pieza central en su funcionamiento.
Según la querella, su figura fue utilizada como herramienta de validación y atracción de capitales. El punto más crítico es el momento del lanzamiento de $LIBRA, el 14 de febrero de 2025. Allí, un tuit presidencial habría operado como "gatillo emocional" para disparar la demanda del token. De acuerdo con la reconstrucción, en cuestión de minutos se activaron compras masivas coordinadas por insiders, seguidas luego por una maniobra de "rug pull" -venta abrupta y masiva- que habría permitido retirar más de 44 millones de dólares casi de inmediato. La querella también detalla una compleja red de acuerdos económicos y transferencias.
Entre ellos, menciona contratos por más de 1,5 millones de dólares vinculados a tareas de lobby y acceso privilegiado al entorno presidencial. Además, se describen movimientos de fondos desde una supuesta "bóveda digital", pagos en criptomonedas y operaciones destinadas -siempre según la acusación- a evitar la trazabilidad del dinero. Los chats incorporados al expediente refuerzan esa hipótesis: desde pedidos de facturación informal hasta instrucciones para mover fondos fuera de circuitos bancarios tradicionales. El caso también expone la dimensión global de la operatoria.
Sin ir más lejos, viajes, reuniones en el exterior y vínculos con empresarios internacionales forman parte de una trama que conecta Buenos Aires con Estados Unidos y otros destinos. En ese entramado aparecen figuras como Hayden Davis y Bartosz Lipinski, señalados como socios estratégicos en el desarrollo del token, y protagonistas de reuniones clave tanto dentro como fuera del país. A pesar de la gravedad de las acusaciones, la causa aún no registró definiciones judiciales sobre los pedidos de indagatoria. El expediente sigue en etapa de análisis, mientras crece la presión política y mediática. En paralelo, la Comisión Investigadora del Congreso ya incorporó elementos que contradicen la versión oficial sobre el colapso del token, al detectar miles de damnificados y pérdidas generalizadas.