La reciente designación de Leonardo Szuchet como subsecretario de Derechos Humanos por el gobierno de Javier Milei vuelve a preocupar en el ámbito de los derechos humanos y la memoria histórica en Argentina.
Con un pasado ligado a la gestión de Mauricio Macri, Szuchet asume un cargo clave en medio de tensiones políticas e ideológicas que desdibujan el compromiso del país con la defensa de los derechos humanos y la condena a los crímenes de la última dictadura militar.
La llegada de Szuchet a la Subsecretaría de Derechos Humanos (SDH) se produce tras la controvertida salida de Joaquín Mogaburu, quien había sido designado en diciembre pasado con el aval de Sebastián Amerio, cercano al asesor Santiago Caputo. Mogaburu, conocido por poner el pecho a la política ideológica de la "memoria completa" y vínculos con figuras que defienden a los perpetradores de la dictadura, había generado rechazo entre los organismos de derechos humanos. Sin embargo, su reemplazo por Szuchet no parece ser un giro hacia una política más comprometida con la memoria y la justicia.
La decisión de desplazar a Mogaburu se oficializó apenas tres días después de la multitudinaria marcha por los 50 años del golpe de Estado de 1976, un evento que reivindicó la lucha por la memoria, la verdad y la justicia.
Según fuentes del Ministerio de Justicia, Juan Bautista Mahiques buscaba a alguien que se alineara con la postura negacionista del gobierno de La Libertad Avanza, una tarea que no fue sencilla dada la falta de interés en el cargo por parte de candidatos con credenciales sólidas. Finalmente, Szuchet, exjefe de Gabinete de Claudio Avruj durante la administración Cambiemos, aceptó el puesto.
La incertidumbre sobre el futuro de la gestión de Szuchet en un área tan sensible es motivo de preocupación... Es que las señales iniciales no son alentadoras: la SDH despidió a todos sus abogados y no tiene real actuación en causas clave como las vinculadas a delitos de lesa humanidad. Además, el funcionario ya estaba instalado en la sede del organismo en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex-ESMA), descartando una mudanza previamente prevista para Avenida del Libertador 8151.
Por otro lado, Mogaburu no se retiró completamente del escenario. Según trascendió, ya solicitó a la Corte Suprema autorización para permanecer en la SDH como director nacional de asuntos jurídicos en materia de derechos humanos, un área crucial para las querellas en causas relacionadas con el terrorismo de Estado. Este movimiento genera tensiones adicionales en la Cámara Federal de Casación Penal, donde sus licencias continuas han provocado malestar.
La designación de Leonardo Szuchet no es para nada alentadora: llega en un contexto político marcado por los discursos de ultraderecha de Javier Milei y su vicepresidenta Victoria Villarruel que buscan relativizar el número de desaparecidos y cuestionar el trabajo histórico de los organismos de derechos humanos; es por eso que la comunidad comprometida con la memoria y la justicia mira atentamente cómo las disputas ideológicas y decisiones políticas podrían desmantelar años de avances en esta materia.