Un nuevo 30 de diciembre recuerda a la sociedad argentina que se cumplen cinco años desde la histórica aprobación de la Ley 26.710 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Argentina.
Este hito marcó un avance significativo en los derechos de las mujeres y personas gestantes, garantizando el acceso a abortos seguros y gratuitos en el sistema público de salud. Sin embargo, desde la asunción del gobierno de Javier Milei, organizaciones feministas y de derechos humanos denucnian preocupantes retrocesos en su implementación.
En su informe "También es por vos", Amnistía Internacional Argentina, señala barreras crecientes que dificultan el acceso a los servicios de aborto en diversas regiones del país. Entre las principales problemáticas destacan:
- Suspensión de insumos esenciales. La compra y distribución de medicamentos como misoprostol y mifepristona, fundamentales para garantizar abortos seguros, se paralizó, dejando a muchas provincias sin stock;
- Desmantelamiento de programas clave. El Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (PLAN ENIA), que había demostrado su efectividad en la reducción de embarazos adolescentes, fue desfinanciado;
- Reducción de métodos anticonceptivos. Se reporta una disminución del 81% en la distribución de anticonceptivos, anticonceptivos hormonales de emergencia y test de embarazo, lo que profundiza las desigualdades en el acceso a la salud sexual y reproductiva.
Además, el informe destaca un preocupante aumento del 275% en consultas y denuncias relacionadas con obstáculos para acceder al aborto entre 2024 y 2025. Esta cifra deja completamente expuesto el impacto de discursos regresivos que, bajo el pretexto de combatir una supuesta "ideología de género", restringen derechos conseguidos por el colectivo de los feminismos y las disidencias sexuales.
Otro aspecto alarmante es la falta de acceso a información confiable. Según Lucila Galkin, directora de Género y Diversidad de Amnistía Internacional Argentina, existe "opacidad y falta de transparencia" en la producción y entrega de datos sobre el acceso al aborto, tanto a nivel nacional como provincial. A esto se suma el silencio administrativo y las respuestas incompletas o tardías ante los pedidos de información pública realizados por la organización.
Pese a este contexto adverso, las redes de acompañamiento han demostrado ser un pilar fundamental para garantizar el acceso a abortos seguros. Estas redes, integradas por profesionales y activistas en los diferentes territorios nacionales, son los que sostienen una política pública esencial frente al desmantelamiento sistemático promovido desde el gobierno nacional.
No hay dudas de que la Ley 26.710 de acceso a la IVE es un derecho conseguido con mucha lucha que salva vidas y garantiza autonomía sobre los cuerpos. Sin embargo, su plena implementación requiere compromiso político, financiamiento adecuado y acceso efectivo a información y recursos, algo con lo que el gobierno de La Libertad Avanza de Javier Milei, no tiene.