El Gobierno nacional volvió a dejar en evidencia que su estrategia económica descansa, una vez más, sobre una expansión acelerada de la deuda pública. A través de la Resolución Conjunta 63/2025, publicada en el Boletín Oficial, las secretarías de Finanzas y de Hacienda autorizaron la emisión de nuevos instrumentos y la ampliación de emisiones existentes por un monto que supera los 32 billones de pesos y los 3.500 millones de dólares, en un contexto de severas restricciones externas y reservas netas negativas. La norma habilita la colocación de cinco nuevos instrumentos en la licitación realizada el 11 de diciembre.
Entre ellos, una Letra del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos con vencimiento el 17 de abril de 2026 por hasta 8 billones de pesos, dos letras capitalizables adicionales con vencimientos en noviembre de 2026 y mayo de 2027 por hasta 5 billones cada una, y dos instrumentos ajustados por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), es decir, indexados a la inflación. En paralelo, se autorizaron ampliaciones de emisiones previas que elevan aún más el volumen comprometido, incluyendo letras en pesos, instrumentos atados a la inflación y una Letra vinculada al dólar estadounidense que alcanza los 3.555 millones de dólares.
Según los considerandos oficiales, las emisiones se realizan "en el marco del programa de financiamiento del Tesoro Nacional" y cuentan con autorizaciones presupuestarias para 2025. En los hechos, el menú de instrumentos deja en claro que el Gobierno necesita seducir a los inversores ofreciendo cobertura frente a la inflación y al tipo de cambio, un reconocimiento implícito de que ni la desinflación prometida ni la estabilidad cambiaria resultan plenamente creíbles a mediano plazo. Este esquema se da en la antesala de vencimientos críticos. El próximo 9 de enero, el Tesoro deberá afrontar pagos de capital e intereses de Bonares y Globales por unos USD 4.200 millones.
Sin embargo, en sus arcas cuenta apenas con alrededor de USD 1.500 millones, sumando las divisas obtenidas con la colocación del Bonar 2029N y los depósitos del Tesoro en el Banco Central. El faltante ronda los USD 3.000 millones, una brecha que expone la fragilidad del relato oficial. Desde abril, con la implementación del régimen de bandas cambiarias, el Banco Central dejó de comprar dólares en el mercado. En consecuencia, es el Tesoro el que salió a cubrir parte de las necesidades mediante compras en el contado, sin lograr recomponer de manera sostenible el nivel de reservas.
Frente a este escenario, el Gobierno avanza en negociaciones para una operación de REPO con bancos internacionales, un préstamo garantizado con bonos que podría aportar entre USD 5.000 y 7.000 millones, a costa de mayores compromisos futuros. A esto se suma la posibilidad de recurrir nuevamente al swap de monedas con el Tesoro de Estados Unidos, del cual ya se activaron USD 2.510 millones en octubre, y la expectativa de un nuevo desembolso del FMI por USD 1.000 millones.
En los despachos oficiales confían en que el incumplimiento de la meta de acumulación de reservas no será un obstáculo y que, en todo caso, se solicitará un waiver, una señal más de la flexibilidad política que contrasta con la rigidez aplicada puertas adentro. Aunque las reservas brutas del Banco Central rondan los USD 42.000 millones, bajo la metodología del FMI se tornan negativas al descontar encajes de depósitos privados, swaps con China y Estados Unidos, vencimientos de Bopreal y otros pasivos. El dato desnuda una realidad incómoda: la estabilidad que exhibe el Gobierno se sostiene sobre deuda creciente, instrumentos indexados y financiamiento de corto plazo.