En medio de un contexto de fuerte deterioro social, con más del 55% de la población bajo la línea de pobreza y vastas zonas del país afectadas por catástrofes naturales, el gobierno de Javier Milei decidió redoblar su apuesta por el ajuste: vetará cualquier ley que implique asistencia estatal, sin importar su destino ni su urgencia. Así lo dejó en claro el propio Presidente desde su cuenta en la red social X, donde escribió sin rodeos: "Esperemos que los senadores no apoyen esta demagogia populista pero de cualquier forma nuestro compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el DÉFICIT CERO. Fin".
A esa sentencia se sumó su vocero, Manuel Adorni, quien ratificó: "El populismo ya no es parte del camino". Las palabras no fueron lanzadas al azar. Llegaron apenas horas después de que la Cámara de Diputados diera media sanción, con mayorías holgadas, a tres proyectos que apuntaban a aliviar la situación de millones de personas: la actualización de jubilaciones y pensiones, la declaración de emergencia en discapacidad y la asistencia a ciudades bonaerenses y santafesinas devastadas por temporales. Las tres iniciativas cuentan con apoyo transversal en el Congreso, pero para el Ejecutivo representan una amenaza directa a su principal dogma: el equilibrio fiscal.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue aún más explícito. "¿De dónde piensan que salen los fondos?", lanzó en una entrevista con radio Mitre. Y acusó a los diputados de "irresponsabilidad política" y de actuar con una "doble intención": mostrar sensibilidad social mientras "horadan los fundamentos del Gobierno". En su mirada, quienes impulsan estos proyectos no buscan ayudar, sino dinamitar el ajuste y obligar al presidente a vetarlos, exponiéndolo como insensible. "Crueles son los que llevaron al país a esta situación", disparó el jefe de ministros, en una referencia directa al kirchnerismo.
Pero detrás de los discursos y los vetos anunciados hay realidades concretas: más de 3,9 millones de jubilados que accedieron a la mínima sin tener los 30 años de aportes —y que con la restitución de la moratoria podrían jubilarse con ingresos básicos—, más de 900 mil personas con discapacidad que necesitan una actualización de sus prestaciones para no quedar sin servicios, y ciudades como Bahía Blanca y Coronel Rosales que aún intentan recuperarse tras haber quedado bajo el agua.
La ley aprobada en Diputados establecía un aumento del 7,2% para todas las jubilaciones y pensiones y un incremento del bono previsional de $70.000 a $110.000, con actualizaciones por inflación. También contemplaba un esquema de financiamiento mediante reasignaciones presupuestarias y recortes a beneficios fiscales, de modo de sostener la medida sin romper el equilibrio fiscal.
Del mismo modo, la emergencia en discapacidad proponía recomponer los valores de las prestaciones al nivel de la inflación acumulada desde diciembre y establecer una indexación mensual. El costo estimado, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, oscila entre 1,8 y 3,6 billones de pesos, dependiendo del número de beneficiarios que accedan al sistema.
En cuanto a las ciudades afectadas por el temporal, la ley sancionada declaraba la emergencia por 180 días, permitiendo liberar fondos y asistencia específica a las zonas más damnificadas. No obstante, tampoco allí el Gobierno parece dispuesto a ceder. "El equilibrio fiscal no es negociable", sentenció Francos. En otras palabras: no importa si el destinatario es un jubilado que apenas sobrevive con la mínima, un niño con discapacidad que quedó sin cobertura, o una familia que perdió su casa bajo el agua.
El dogma del déficit cero es la única brújula que guía la acción del Gobierno, aún si eso implica sacrificar lo esencial. La tensión entre el Congreso y la Casa Rosada escala día a día, y promete agudizarse si el Senado convierte en ley los proyectos ya aprobados en Diputados. Milei ya anticipó que usará el veto presidencial como escudo. La pregunta que se impone es qué hará el Congreso frente a esa negativa: si se resignará, o buscará insistir con las dos terceras partes necesarias para torcer el pulso del Ejecutivo. Mientras tanto, millones esperan. Esperan que el ajuste no se cobre sus derechos y que detrás del "Fin" que escribe el Presidente, todavía quede espacio para la vida.