La impunidad vuelve a teñir de indignación la escena política y judicial de Argentina. La reciente decisión de Gendarmería Nacional de cerrar en tiempo récord el caso del disparo que dejó al fotógrafo Pablo Grillo al borde de la muerte no solo es un insulto a la justicia, sino también un peligroso precedente para la protección de los derechos humanos en el país.
En un sumario administrativo que parece más una maniobra de encubrimiento que una investigación seria, la fuerza de seguridad concluyó que el hecho fue "fortuito" y, en un giro inaudito, responsabilizó a la propia víctima por su grave herida. El 12 de marzo pasado, durante la marcha de los jubilados, Grillo recibió un disparo en la cabeza con un cartucho de gas lacrimógeno lanzado por el cabo Héctor Guerrero.
Según las imágenes analizadas por el colectivo Mapa de la Policía y diversos medios de comunicación, Guerrero disparó de manera horizontal, una práctica antirreglamentaria que convierte armas menos letales en potencialmente mortales. Sin embargo, Gendarmería insiste en que Guerrero actuó "conforme a las normas" y sin "intención de dañar", atribuyendo el impacto a la "mala visibilidad" y al hecho de que Grillo estaba "en la línea de tiro".
En apenas 24 horas, Gendarmería cerró su investigación interna con una conclusión que parece diseñada para absolver a sus efectivos de cualquier responsabilidad: "El impacto en la cabeza del fotógrafo se produce como un hecho fortuito", señala el informe, argumentando que Grillo estaba agachado y que los gendarmes no pudieron verlo debido al "humo" generado por contenedores incendiados y las máscaras antigás que supuestamente reducían su visibilidad.
El texto del sumario llega al extremo de culpar a Grillo por su propia herida: "Parte del riesgo que el fotógrafo asumió al colocarse en la línea de tiro entre los gendarmes y los manifestantes". La actuación de Gendarmería no sólo exime al cabo Guerrero de cualquier reproche disciplinario, sino que también lo mantiene en funciones activas dentro de la fuerza.
Mientras tanto, en la causa judicial a cargo de la jueza María Servini y el fiscal Eduardo Taiano, Guerrero ni siquiera fue citado a declarar. La querella presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) exige que sea imputado por tentativa de homicidio agravado, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Las pruebas recopiladas por Mapa de la Policía, incluyendo imágenes captadas por drones televisivos, muestran claramente que el disparo fue directo al cuerpo, violando los protocolos establecidos para el uso de armas menos letales. Sin embargo, Gendarmería se aferra a su versión oficial, respaldada por declaraciones uniformes de sus efectivos que aseguran haber actuado "conforme a las órdenes" y sin notar "personas que pudieran resultar heridas".
Este caso no puede analizarse sin mencionar el contexto político: durante la gestión de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, se consolidó un discurso oficial que justificaba y legitimaba el accionar violento de las fuerzas de seguridad frente a las protestas sociales. Desde el primer momento, Bullrich intentó instalar una narrativa que culpabilizaba a Grillo: primero lo acusó de ser un "militante kirchnerista" detenido y luego aseguró que el disparo había sido realizado "correctamente", siguiendo un supuesto ángulo reglamentario.
El cierre exprés del sumario administrativo por parte de Gendarmería es una continuación de esa línea discursiva. No busca esclarecer lo sucedido ni garantizar justicia para Pablo Grillo, sino blindar a sus efectivos ante cualquier cuestionamiento. Como señala un informe elaborado por las querellas: "Es un trámite formal diseñado para avalar los comportamientos de sus efectivos y encubrir cualquier conducta que haya puesto en peligro la vida de los manifestantes".