En un país donde la inflación galopante, el desempleo y el deterioro social son parte del paisaje cotidiano, el presidente Javier Milei parece haber encontrado un nuevo enemigo: el periodismo. En lugar de enfocarse en la gestión de una crisis económica y social que asfixia a millones de argentinos, el mandatario decide emprender una cruzada judicial contra periodistas que osaron cuestionarlo. Jorge Rial, Fabián Doman, Mauro Federico, Julia Mengolini y Nicolás Lantos son los últimos nombres en una lista que Milei parece empeñado en engrosar.
El presidente, escudado en el artículo 110 del Código Penal, los acusa de afectar su "honor y reputación". Sin embargo, lo que está en juego aquí no es su honor, sino la libertad de expresión en Argentina. En una democracia digna, la crítica al poder no sólo es legítima, sino necesaria. Pero Milei, lejos de entender esto como un principio básico de convivencia democrática, opta por un camino peligroso: el de la intimidación judicial.
La estrategia de Milei no es nueva. Desde que asumió el poder, mostró una intolerancia creciente hacia cualquier forma de disenso iniciando causas legales también contra otros periodistas. Mientras tanto, los problemas reales de los argentinos quedan relegados al olvido. El déficit de cuenta corriente alcanzó un récord de 5.191 millones de dólares en el primer trimestre del año, y JP Morgan ya recomendó a sus clientes alejarse de los bonos argentinos ante los riesgos del rumbo económico. ¿La respuesta del Gobierno? Silenciar las voces que lo cuestionan.
El caso más reciente involucra declaraciones hechas en el programa Cónclave, emitido por el canal de streaming Carnaval. Según la denuncia, los periodistas Rial, Federico y Doman habrían cruzado una supuesta línea roja al referirse a aspectos de la vida privada del presidente, incluyendo su relación con su hermana Karina y sus perros. Este tipo de críticas no son nuevas en el ámbito político, pero Milei las interpreta como ataques personales y busca sanciones legales. ¿Es esto un acto de defensa legítima o un intento descarado de censura?
La propia Corte Suprema argentina ya ha establecido que las calumnias e injurias no son punibles cuando están vinculadas a temas de interés público. Este principio se alinea con el fallo Kimel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que subraya la importancia de proteger el debate público en una sociedad democrática. Sin embargo, Milei parece decidido a ignorar estos precedentes legales y avanzar con su ofensiva judicial.
Un caso emblemático es el de Julia Mengolini, quien fue denunciada por ironizar sobre la relación del presidente con su hermana y sus perros. Para Milei, esto constituye "injurias". Para Mengolini, es simplemente parte del trabajo periodístico: analizar y opinar sobre figuras públicas y cómo llevan adelante sus vidas privadas, algo que pega de lleno en la gestión de gobierno de cualquier funcionario.
Lo más alarmante es que estas denuncias no son hechos aislados. En mayo pasado, Milei ya había accionado penalmente contra Carlos Pagni, Viviana Canosa y Ari Lijalad. Estas querellas fueron desestimadas rápidamente por la fiscal Paloma Ochoa, quien recordó que desde 2009 la ley argentina despenaliza las calumnias e injurias en asuntos de interés público. Pero el mensaje del presidente es claro: cualquier voz crítica será llevada ante los tribunales; sin embargo, este gobierno no tolera la crítica poniendo así en riesgo los pilares fundamentales de la democracia.
Mientras el presidente se distrae con sus batallas judiciales, Argentina enfrenta una crisis económica y social devastadora. El ajuste feroz golpea a hospitales públicos como el Garrahan, donde ya ni siquiera hay calefacción y donde no se pagará la residencia a los médicos que ingresan al sistema de salud. Los jubilados, uno de los sectores más vulnerables del país, siguen exigiendo condiciones dignas frente al Congreso cada miércoles, enfrentándose a la represión estatal liderada por la ministra Patricia Bullrich. Ni hablar del desmantelamiento de las políticas de género que dejan a cientos de miles de personas del colectivo LGBT sin amparo legal para proteger sus vidas ante un avance sin igual de los discursos de odio.
La pregunta ahora es qué tan lejos está dispuesto a llegar Javier Milei en su afán por amedrentar al periodismo. Si bien sus denuncias han sido desestimadas hasta ahora, el daño ya está hecho: se instala un clima de autocensura y temor entre quienes tienen la responsabilidad de informar y analizar.