El Gobierno de Javier Milei volvió a exhibir su lógica de confrontación abierta con el Poder Judicial tras el fallo que declaró nulo el denominado "protocolo antipiquetes", una de las medidas más emblemáticas del esquema represivo heredado de la gestión de Patricia Bullrich. Lejos de acatar la decisión, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció que el Ejecutivo apelará la resolución y defendió la iniciativa con un discurso que volvió a equiparar protesta social con desorden y delito. "Sin protocolo no hay orden, hay caos. Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", escribió la funcionaria en su cuenta de X. Y agregó, en tono desafiante: "No vamos a dar un paso atrás, la vamos a apelar".
La funcionaria advirtió que "este Protocolo tiene fundamentos técnicos, jurídicos y operativos". Para Monteoliva, se trata de una herramienta que "le devolvió orden y tranquilidad a los argentinos que quieren vivir en paz", por lo que, remarcó, el Gobierno la va a defender "a toda costa". La ministra también apuntó contra el juez que la anuló: "El protocolo antipiquetes fue validado por decenas de jueces y cuenta con el respaldo de los argentinos. ¿Quién lo declara nulo? El mismo juez que siempre lo hace contra el Gobierno. ¿Quiénes festejan? Los que viven del caos, la extorsión y la desestabilización".
En la misma línea, sostuvo que "los perjudicados, siempre los mismos: los argentinos que quieren trabajar, circular y vivir en paz", y cerró con una consigna que se repite como mantra oficial: "El orden no se negocia. No tengan dudas: no daremos ni un paso atrás". El fallo que desató la reacción oficial fue dictado este lunes por el juez titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, Martín Cormick, quien frenó la vigencia del protocolo tras un reclamo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales. Tras varios meses de tramitación, la Justicia declaró la nulidad de uno de los emblemas de la política de seguridad del actual gobierno.
La misma había funcionado desde diciembre de 2023 como marco de intervención de las fuerzas federales frente a las movilizaciones sociales. En su resolución, Cormick apuntó directamente contra la Resolución 943/23, dictada por el entonces Ministerio de Seguridad, y fue categórico al señalar que el Poder Ejecutivo avanzó sobre facultades que no le corresponden. "La Resolución 943/23 conforma un exceso en la competencia otorgada al PEN por nuestro ordenamiento jurídico, ya que bajo la apariencia de instruir al personal está legislando", sostuvo el magistrado, al advertir una intromisión directa en atribuciones propias del Congreso.
El protocolo cuestionado establecía que toda manifestación que interrumpiera el tránsito debía ser considerada un delito en flagrancia, habilitando el desalojo o la dispersión inmediata. Ese punto fue uno de los más objetados en la causa, ya que, según plantearon las organizaciones sociales, afectaba de manera directa el derecho a la protesta, la libertad de expresión, de petición y de reunión, todos ellos garantizados por la Constitución Nacional y por tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.
La sentencia llegó, además, pocas semanas después de que el fiscal del fuero contencioso administrativo Fabián Canda cuestionara la falta de fundamentos del Gobierno para dictar la norma. En su dictamen, el representante del Ministerio Público advirtió que el concepto de flagrancia utilizado por el Ejecutivo no coincide con el previsto en el régimen penal, salvo en casos de delitos comunes cometidos durante una protesta. Cormick también subrayó que, bajo el argumento de ordenar el tránsito y dar instrucciones operativas a la policía, la resolución terminó modificando de hecho el Código Penal y las leyes orgánicas de las fuerzas de seguridad.
De acuerdo con el magistrado, esto excede de manera manifiesta cualquier facultad administrativa. Más allá de la discusión jurídica, el impacto concreto del protocolo quedó reflejado en los números. Según datos del CELS, desde su implementación se registraron 1.399 manifestantes heridos: 750 durante 2024 y 649 en lo que va de este año. La aplicación del esquema represivo tuvo uno de sus focos más visibles en las marchas de jubilados de los miércoles, donde fueron reprimidas personas mayores, trabajadores, periodistas, reporteros gráficos y personas con discapacidad.
Uno de los episodios más graves ocurrió en marzo, cuando el fotógrafo Pablo Grillo recibió un disparo de gas lacrimógeno en la cabeza, lanzado de manera ilegal por un gendarme durante una represión frente al Congreso. La semana pasada se confirmó el procesamiento del efectivo Héctor Guerrero, acusado por ese operativo. De esta manera, mientras la Justicia pone límites y expone los excesos, el Gobierno insiste en blindar un dispositivo que convirtió la protesta social en un problema de seguridad y acumuló denuncias por violaciones a los derechos humanos. La apelación anunciada por Monteoliva anticipa un nuevo capítulo de tensión institucional, en el que el discurso del "orden" vuelve a funcionar como coartada para desoír fallos judiciales y profundizar una política de mano dura que ya dejó cientos de heridos en las calles.