En un contexto marcado por denuncias contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni y un deterioro creciente en el sistema de atención a la discapacidad, la actriz Valentina Bassi lanzó una dura crítica pública que sintetiza el malestar de un sector cada vez más golpeado por el ajuste y la falta de respuestas estatales. Los cuestionamientos a Adorni se dan en paralelo a una serie de revelaciones sobre su patrimonio y gastos: un vuelo privado a Punta del Este valuado en 10 mil dólares, un pasaje premium a Nueva York para su cónyuge por más de 5 mil dólares y una vivienda en un country de alta gama que no figura en su declaración jurada.
Estos elementos alimentaron denuncias por presunto enriquecimiento ilícito que, hasta el momento, no obtuvieron explicaciones públicas convincentes. En ese marco, Bassi -madre de un adolescente con autismo- publicó un video en redes sociales donde apuntó directamente contra el funcionario y su rol en la construcción de un discurso estigmatizante. "Adorni fue el que se encargó personalmente de estigmatizar y criminalizar a las personas con discapacidad", disparó.
Y agregó: "Con saña, con sorna, con fake news como la de la cola del perrito. Eso va entrando en la gente. Él se encargó de relacionar la discapacidad con el curro. Para mucha gente hoy, la discapacidad es un curro. ¿Se dan cuenta de la magnitud de la crueldad? Yo, que tengo un hijo con discapacidad, estoy currando. ¿Para qué hizo eso? Para que todos puedan robar tranquilos. En la ANDIS se destapó una olla de corrupción tremenda".
Al final de su contundente descargo, la actriz sentenció: "Pero también haciendo negocios con las prepagas, junto con el ministro de salud Mario Lugones. ¿Por qué no se dejan de perjudicar a las personas con discapacidad y sus familiares y cumplen la ley de emergencia como se debe? Porque no la están cumpliendo". Sus declaraciones se producen en medio de un paro nacional de 48 horas convocado por el Foro por los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Se trata de una medida con alto acatamiento en distintas ciudades del país, entre ellas Rosario. La medida afecta centros de día, escuelas especiales, servicios de rehabilitación, transporte adaptado y atención domiciliaria, limitándose únicamente a urgencias. El conflicto expone una crisis estructural. Según las organizaciones del sector, los aranceles están atrasados en un 40% y la cadena de pagos se encuentra prácticamente cortada.
Prestaciones adeudadas por el PAMI, el programa Incluir Salud y obras sociales nacionales acumulan demoras que, en algunos casos, se remontan a octubre del año pasado. Esta situación pone en jaque la continuidad de instituciones enteras. En Rosario, al menos una decena de centros terapéuticos y educativos ya cerraron o redujeron sus servicios, derivando a sus usuarios a otros espacios igualmente saturados.
El efecto inmediato es la interrupción de tratamientos esenciales y la sobrecarga de un sistema que ya operaba al límite. Desde el propio Foro advierten que el incumplimiento del Estado impacta directamente en la calidad de vida de las personas con discapacidad, que ven vulnerados derechos garantizados por la ley 24.901 y por la legislación de emergencia vigente. Sin actualización arancelaria ni regularización de pagos, el escenario podría agravarse aún más.
El aumento de los reclamos también se refleja en la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, donde las consultas vinculadas a discapacidad crecieron un 40% en el último año. "La situación genera un malestar muy grande entre las personas con discapacidad y sus familias", señaló Leandro Piazza, director del área de Atención a la Ciudadanía, quien advirtió que diariamente reciben denuncias por falta de cobertura médica, rehabilitación y transporte. En este contexto, el contraste entre las denuncias de gastos millonarios en la cúpula del Gobierno y el desfinanciamiento del sistema de discapacidad profundiza la tensión social.