La situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó nuevos interrogantes tras conocerse que también hipotecó su anterior vivienda -ubicada en la calle Asamblea al 1100, frente al Parque Chacabuco- para acceder a un préstamo de 100.000 dólares otorgado por particulares. La operatoria, lejos de ser un hecho aislado, se inscribe en una secuencia de movimientos financieros que exhiben un patrón repetido: créditos no bancarios, vínculos difusos con las acreedoras y coincidencias temporales difíciles de explicar.
El dato más llamativo es que ese crédito fue instrumentado el 15 de noviembre de 2024, el mismo día en que su esposa, Bettina Angeletti, adquirió la casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. La simultaneidad de ambas operaciones refuerza las sospechas sobre la ingeniería financiera utilizada para ampliar el patrimonio familiar en pleno ejercicio de funciones públicas.
Sobre el departamento de Asamblea pesan, además, dos hipotecas. La primera, de 75.000 dólares, data de 2014 y fue otorgada por la propia vendedora del inmueble, Stella Maris Román, replicando un esquema que luego volvería a aparecer en otras adquisiciones del funcionario. La segunda, por 100.000 dólares, corresponde a noviembre de 2024 y tiene como acreedoras a Graciela Isabel Molina de Cancio -ex comisaria retirada de la Policía Federal- y Victoria María José Cancio.
Aunque Adorni había declarado a ambas mujeres como acreedoras ante la Oficina Anticorrupción, los montos informados representan apenas cerca del 50% del crédito total garantizado. Esa diferencia abre una zona gris sobre el verdadero nivel de endeudamiento del funcionario y la transparencia de sus declaraciones juradas. Las inconsistencias no terminan allí. La misma escribana, Adriana Mónica Nechevenko, intervino en todas las operaciones clave: la compra de la casa en Indio Cuá, el departamento en Caballito y ahora este esquema hipotecario previo.
La reiteración de actores en transacciones de alto valor vuelve a poner el foco en la trazabilidad de los fondos y en los controles que deberían regir sobre funcionarios de primera línea. En paralelo, el fiscal Gerardo Pollicita avanza en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y ya citó a declarar a la escribana como testigo, además de requerir toda la documentación vinculada a las operaciones de Adorni y su esposa. El objetivo es reconstruir el circuito del dinero, los compromisos de pago asumidos y las garantías ofrecidas.
El caso se potencia con antecedentes recientes. Días atrás se conoció que el funcionario había accedido a otro préstamo de 200.000 dólares por parte de dos mujeres jubiladas para adquirir un departamento en Caballito por un valor declarado considerablemente inferior al de mercado. Una de las supuestas prestamistas incluso aseguró no conocerlo, lo que agrega un elemento de extrema gravedad al expediente.
El crecimiento patrimonial del funcionario durante su paso por el gobierno de Javier Milei incluye, además, la incorporación de una camioneta Jeep Compass y la adquisición de múltiples propiedades en un lapso breve, sin que hasta el momento haya ofrecido explicaciones públicas consistentes. Paradójicamente, estas revelaciones se producen horas después de que el propio Presidente encabezara una reunión de Gabinete en la que ratificó su respaldo político a Adorni y ordenó a los ministros coordinar sus iniciativas con él. La señal de apoyo, lejos de disipar dudas, tensiona aún más el escenario: mientras la Justicia avanza, la política cierra filas.