La salida de Marco Lavagna del Indec y la sorpresiva postergación del nuevo Índice de Precios al Consumidor no fueron episodios aislados ni meros tecnicismos estadísticos. Ocurrieron en el mismo momento en que el Gobierno confirmó que las tarifas de electricidad y gas aumentarán todos los meses por encima de la inflación, una definición que terminó desnudando el delicado equilibrio político del programa económico libertario: mostrar números "ordenados" en el IPC mientras el ajuste avanza por la vía de los servicios públicos. El propio ministro de Economía, Luis Caputo, admitió que cambiar la metodología del índice en esta etapa podía alimentar sospechas políticas.
El argumento oficial sostiene que el nuevo IPC -con ponderadores actualizados según la Encuesta de Gastos de los Hogares 2017/18- podría arrojar registros más altos justo cuando el Ejecutivo intenta consolidar la desaceleración inflacionaria como principal activo político de cara a las legislativas. La confesión es reveladora: no se trata de un debate técnico sino de una decisión política sobre cuándo y cómo medir la inflación.
Hace apenas días, el Banco Central había publicado un informe detallado explicando los cambios metodológicos y señalando que el nuevo índice reflejaría mejor el peso creciente de los servicios, sin alterar la tendencia inflacionaria de fondo. Sin embargo, a último momento, el Gobierno dio marcha atrás y resolvió difundir el dato de enero con la canasta de 2004. La renuncia de Lavagna terminó de confirmar que la estadística volvió a quedar atrapada en la lógica de la conveniencia política.
El trasfondo es el sendero tarifario. Caputo fue claro: tras la fuerte recomposición de 2024, los aumentos mensuales de electricidad y gas deberán ser "un poquito" mayores que la inflación. El objetivo declarado es doble: reducir subsidios y avanzar hacia una mayor cobertura del costo real de los servicios. Hoy, según estimaciones privadas, los usuarios residenciales pagan apenas el 76% del costo de la electricidad y el 61% del gas. Ese atraso es el argumento técnico; el impacto social, el costo político.
Desde febrero, las boletas empezarán a reflejarlo. En el AMBA, la electricidad sube en promedio 3,59% y el gas casi 17% a nivel nacional, con un nuevo esquema de subsidios que reduce el universo de beneficiarios. El umbral para acceder a la ayuda baja y cientos de miles de hogares de ingresos medios perderán la bonificación. Para los sectores más vulnerables, las consultoras estiman aumentos reales de hasta 20% en electricidad y 23% en gas respecto de 2025, aun con alivios estacionales.
En ese contexto, el freno al nuevo IPC adquiere otro sentido. Economistas coinciden en que el impacto inmediato del cambio metodológico sería acotado, pero que en los próximos meses, con tarifas en alza y mayor peso de los servicios, el nuevo índice podría mostrar variaciones más altas. La conclusión es incómoda para el Gobierno: la actualización estadística amenaza con reflejar de manera más fiel el costo del ajuste que hoy se administra de forma gradual.
Las estimaciones alternativas refuerzan esa sospecha. La "inflación latente" calculada por Martín Rozada, con ponderadores actualizados, arroja para 2025 un aumento de precios 2,1 puntos superior al oficial. El dato no implica manipulación, pero sí evidencia que el IPC vigente subrepresenta rubros clave como alquileres, tarifas y combustibles, justamente los que ahora lideran el ajuste.
La bandera de la desinflación sigue siendo el corazón del relato libertario. Tras el derrumbe desde el pico de 2023, el IPC de 2025 cerró en 31,5%, el nivel más bajo en ocho años. Pero la tendencia reciente enciende luces amarillas: siete meses consecutivos de aceleración y un diciembre con la suba mensual más alta desde abril. En ese escenario, cualquier cambio en la medición se vuelve políticamente riesgoso.
El Presupuesto 2026 proyecta una inflación anual de 10,1%, mientras el mercado duplica esa previsión. Con tarifas subiendo por encima del IPC y subsidios en retirada, sostener el relato de estabilidad exige, al menos por ahora, congelar la lupa estadística. La decisión de no publicar ambas series en paralelo, como sugerían algunos economistas, refuerza la percepción de que el Gobierno prefirió evitar comparaciones incómodas.