El Gobierno nacional volvió a presentar como modernización lo que para amplios sectores del sistema sanitario desnuda una realidad mucho más cruda: la imposibilidad de sostener la infraestructura de salud con inversión pública. A través de una modificación normativa impulsada por la ANMAT, clínicas y hospitales de todo el país podrán importar equipamiento médico usado y reacondicionado, en un contexto marcado por recortes presupuestarios, desfinanciamiento hospitalario y crisis en la provisión de insumos básicos. El anuncio fue celebrado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien sostuvo en la red social X: "A partir de ahora, las clínicas y hospitales de todo el país podrán importar equipamiento médico usado. Menos costos y burocracia, más calidad al servicio de la salud de los argentinos".
La consigna resume con claridad la mirada oficial: reducir el rol del Estado, flexibilizar controles y confiar en que el mercado resolverá lo que la política económica desatendió. La medida se formalizó mediante la Disposición 224/2026, que reemplaza una normativa vigente desde 2007 y se enmarca en el Decreto 273/2025, orientado a desregular importaciones. Según el Gobierno, el objetivo es facilitar el acceso a tecnología médica "de calidad", aun cuando se trate de equipos usados, siempre que cuenten con certificaciones de funcionamiento. Sin embargo, la decisión abre interrogantes sobre el modelo sanitario que se consolida: uno en el que hospitales públicos y centros de menor escala acceden a tecnología de segunda mano como única alternativa frente a la falta de inversión estructural.
Desde el Ministerio de Salud, Mario Lugones defendió la iniciativa y afirmó: "Con el foco en la ampliación del acceso a equipos médicos para mejorar la atención de los pacientes, la nueva norma de ANMAT ordena el régimen de importación y facilita el ingreso de equipamiento médico usado y reacondicionado, seguro y de calidad". También aseguró que "el nuevo esquema es simple y transparente" y que establece "reglas claras para promover la libertad de mercado y que la innovación en salud llegue a todo el país".
El discurso oficial insiste en que la flexibilización permitirá mejorar diagnósticos y tratamientos, reducir derivaciones y ampliar prestaciones. Pero en los hechos, la política aparece como una respuesta de emergencia frente a un sistema tensionado por la caída del financiamiento, la pérdida de poder adquisitivo del personal de salud y el encarecimiento de insumos importados. La posibilidad de importar equipamiento usado, lejos de ser una estrategia de fortalecimiento, expone la dificultad de acceder a tecnología nueva en un país atravesado por el ajuste.
La normativa establece distintos niveles de control según el riesgo de los dispositivos. Para productos de bajo riesgo, como ecógrafos, la ANMAT dejará de intervenir de forma previa y los importadores solo deberán presentar un "Aviso de Importación" con carácter de declaración jurada. En cambio, para equipos de alta complejidad, como tomógrafos, se mantienen autorizaciones previas y certificaciones más estrictas. Aunque el organismo asegura que se preserva la seguridad sanitaria, la reducción de controles anticipados genera preocupación en un contexto de debilitamiento de las capacidades estatales de fiscalización.
El propio fallo normativo reconoce que, hasta ahora, muchos centros de salud adquirían equipos "con muchos años de antigüedad" por las trabas administrativas y los costos elevados. La solución propuesta no apunta a renovar el parque tecnológico con inversión pública o financiamiento estatal, sino a legalizar y promover la importación de bienes usados como salida estructural.