El transporte público argentino atraviesa un momento crítico debido a una serie de conflictos laborales que afectan tanto a los trenes como a los colectivos y al transporte aéreo. La creciente presión inflacionaria, la pérdida de poder adquisitivo y las tensiones entre sindicatos, empresas y el Estado conducido por Javier Milei generan un clima de alta conflictividad que amenaza con paralizar servicios esenciales para millones de usuarios.
El gremio de maquinistas La Fraternidad, liderado por Omar Maturano, anuncia un paro de trenes a nivel nacional para el próximo 9 de febrero, en reclamo de una mejora salarial. La medida responde al rechazo de una oferta que contemplaba un aumento del 2% para diciembre y del 1% para enero, propuesta que Maturano calificó como una "dádiva".
En declaraciones al diario La Nación, el dirigente explicó: "Como nos pareció una dádiva y que nos vienen pisando las paritarias desde hace dos años decidimos hacer un paro de actividades a nivel nacional, por 24 horas, para el próximo 5 de febrero".
El líder sindical también expresó su escepticismo respecto a la posibilidad de una solución inmediata: "Seguramente no va a haber respuesta, nos van a patear hasta el último momento". Según el gremio, los maquinistas sufrieron una pérdida salarial cercana al 35% en los últimos años.
Actualmente, el salario básico de un maquinista es de $1.136.000, mientras que los ayudantes de conductor perciben $893.000. La huelga afectará todas las líneas de pasajeros y parte del transporte de carga, con excepción de aquellas empresas privadas que ya cuentan con acuerdos vigentes.
Este conflicto se produce en un contexto de reciente cambio en la conducción estatal del área de transporte. El pasado 21 de enero, el secretario de Transporte Luis Pierrini presentó su renuncia tras ocho meses en el cargo, siendo reemplazado por el arquitecto Fernando Herrmann, un arquitecto que no tiene experiencia previa en el área.
Colectivos: un acuerdo que evitó el paro
En contraste con la situación ferroviaria, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), liderada por Roberto Fernández, logró evitar un paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tras semanas de negociaciones tensas. Aunque inicialmente calificaron las propuestas empresariales como una "burla", finalmente se alcanzó un acuerdo en la Secretaría de Trabajo que establece incrementos salariales escalonados. Este acuerdo eleva el salario básico de un conductor inicial a $1.545.278,25 para abril, sumando viáticos y adicionales que superan los dos millones de pesos.
El acuerdo fue posible tras a la intervención del Ministerio de Economía, que garantizará los fondos necesarios para cubrir el desfasaje salarial. Sin embargo, esta solución no está exenta de críticas por parte del sector empresarial, que depende en gran medida de subsidios estatales para operar.
La ANAC y la amenaza de un paro aéreo
Otro foco conflictivo se encuentra en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), donde los trabajadores agrupados en ATE pospusieron un paro inicialmente previsto para el 2 de febrero, pero advirtieron sobre posibles medidas de fuerza para el lunes 9 si no se cumple con el aumento salarial acordado previamente. Aunque los salarios fueron abonados esta semana, el gremio denuncia incumplimientos por parte del Gobierno y exige la liquidación del incremento pactado.
De concretarse el paro, se verían afectados servicios esenciales como control terrestre, bomberos, sanidad e inspección en más de 27 aeropuertos del país, lo que podría generar demoras y cancelaciones masivas en los vuelos.
Así las cosas, mientras los sindicatos exigen aumentos salariales urgentes para paliar la pérdida del poder adquisitivo, las empresas argumentan limitaciones financieras y dependencia de subsidios estatales. Por su parte, el Gobierno de Javier Milei brilla por su ausencia en su rol de mediador entre las partes y garantizar la continuidad del servicio público.