La causa que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito acaba de entrar en una etapa decisiva. Un informe técnico elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI) y entregado al fiscal federal Gerardo Pollicita confirmó la existencia de "inconsistencias" en la evolución patrimonial del exjefe de Gabinete de Javier Milei y su esposa, Bettina Angeletti.
El documento era esperado en la fiscalía porque constituye una pieza central para avanzar hacia un eventual requerimiento de justificación patrimonial. En términos políticos y judiciales, el escenario empieza a complicarse para Adorni: sería la primera vez que el exfuncionario deberá dar explicaciones formales ante la Justicia sobre sus movimientos económicos. La DAFI no estableció una cifra concreta sobre un supuesto desbalance patrimonial.
El informe es técnico y ahora Pollicita deberá traducir sus conclusiones en términos jurídicos. Pero el dato que encendió las alarmas es que el análisis detectó inconsistencias que, según fuentes al tanto de la investigación, requieren explicaciones adicionales. Durante la feria judicial de invierno, los investigadores de la fiscalía revisarán el extenso trabajo y terminarán de definir los puntos que deberán ser aclarados.
La expectativa es que, cuando se reanude la actividad judicial a comienzos de agosto, Adorni pueda ser intimado a justificar el origen y la evolución de sus bienes. La figura del requerimiento de justificación patrimonial es propia de las causas por enriquecimiento ilícito. Allí se le comunica a un funcionario o exfuncionario que se detectó un incremento patrimonial que no aparece debidamente explicado y se le brinda la posibilidad de justificarlo. Si las respuestas no convencen, el fiscal puede pedir la indagatoria, aunque la decisión final corresponde al juez del caso, Ariel Lijo.
El informe de la DAFI reconstruyó año a año las declaraciones juradas de Adorni y Angeletti, tanto de manera individual como consolidada como grupo familiar. El objetivo fue seguir el rastro de los bienes, las deudas, los ingresos, las inversiones, los gastos y las distintas fuentes de financiamiento. La investigación, según la información incorporada al expediente, detectó a priori un presunto desbalance entre los ingresos conocidos y los egresos del exfuncionario. De acuerdo con la reconstrucción de los movimientos, Adorni habría movilizado alrededor de US$743.000 desde su ingreso a la función pública.
De ese total, unos US$408.000 corresponderían a gastos, mientras que otros US$335.000 estarían vinculados a presuntas deudas contraídas con cinco personas. El cuadro se vuelve todavía más llamativo cuando se incorporan los consumos con tarjetas de crédito. Adorni y su esposa registraron gastos por $85 millones durante 2025, mientras la Justicia también puso bajo la lupa viajes, compras inmobiliarias y movimientos en plataformas de dinero digital. En el centro de la pesquisa aparecen dos operaciones inmobiliarias: el departamento de la calle Miró, en Caballito, donde vive la familia, y una casa en el country Indio Cuá.
Para los investigadores, parte de esas adquisiciones podría estar relacionada con las deudas que Adorni declaró haber contraído con dos policías y dos jubiladas. El punto de inflexión del expediente fue la declaración de Matías Tabar, el contratista que estuvo a cargo de la remodelación de la casa de Adorni en el country. Tabar aseguró ante la Justicia que el ex funcionario le pagó US$245.000 en efectivo por los trabajos. La cifra, por su magnitud y por haber quedado fuera de los registros formales analizados por los investigadores, provocó un giro en la causa y aceleró la incorporación de nuevas medidas de prueba.
A eso se sumó la revisión de los viajes realizados por Adorni y su familia. El fiscal reconstruyó estadías en el Caribe, Bariloche, Gualeguaychú y España, con gastos que en varios casos fueron realizados en dólares y en efectivo. También se analizaron las cuentas de dinero digital del exfuncionario. Según fuentes vinculadas al expediente, allí se detectaron movimientos por aproximadamente US$100.000.
Otro de los puntos sensibles de la investigación es la operatoria con criptoactivos. La DAFI debía integrar la información de plataformas, cuentas y billeteras vinculadas con activos virtuales y cruzarla con los antecedentes bancarios, fiscales y patrimoniales. El tema tomó especial relevancia luego de que Adorni afirmara haber invertido US$200.000 en Bitcoin. La elaboración del informe técnico incluso sufrió demoras por la incorporación de nuevos estudios vinculados con esa inversión.
La Justicia buscó determinar si los depósitos, retiros, compras, ventas, permutas y transferencias de criptomonedas tienen correspondencia con los ingresos y las declaraciones juradas del exfuncionario. En otras palabras: los investigadores intentan armar la ecuación completa. Qué tenía Adorni, cuánto ingresó, cuánto gastó, qué compró, qué deudas asumió y de dónde salió el dinero. Y, por ahora, el informe técnico que llegó a la fiscalía dejó demasiadas cuentas abiertas.
La defensa del ex funcionario, a cargo de Matías Ledesma, participó de las distintas instancias del expediente, pero hasta el momento no presentó documentación que permita cerrar las inconsistencias señaladas por los investigadores. Por eso, el eventual requerimiento de justificación patrimonial puede convertirse en el primer gran examen judicial para Adorni. Ya no se trata solamente de responder públicamente a las denuncias o de defender su patrimonio desde los medios: deberá explicar formalmente ante la Justicia la evolución de sus bienes y el origen de fondos vinculados a gastos, propiedades, deudas y operaciones financieras.