La Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió lisa y llanamente con un golpe inesperado al gobierno de Javier Milei al declarar inadmisible el recurso extraordinario por salto de instancia (per saltum) presentado por el gobierno de las fuerzas del cielo.
Este recurso buscaba que el máximo tribunal interviniera directamente en la causa que analiza de manera exhaustiva sobre el tema que atañe a la mayoría de las personas de la clase trabajadora arginina: la constitucionalidad de la reforma laboral impulsada por los y las funcionarias de La Libertad Avanza, una medida que fue interpelada por la Confederación General del Trabajo (CGT) en varias oportunidades para intentar frenar en seco.
En su resolución del 7 de mayo de 2026, los jueces de la Corte señalaron que "a juicio de esta Corte no se observan los requisitos que, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, habilitan la procedencia de la vía cuya apertura se promueve mediante el recurso por salto de instancia"; así en este pequeño texto pero que encierra una contundencia sin precedentes en el litigio legal, el tribunal lo dejó en claro: se "lavó las manos" y decidió no intervenir en el conflicto dejando al gobierno sin una herramienta clave para defender su reforma.
La estrategia del gobierno nacional, liderada por la Procuración del Tesoro (que representa a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dependiente de Sandra Pettovello en la cartera del Ministerio de Capital Humano), apuntaba a ponerle un freno a la medida cautelar dictada por el Juzgado Nacional del Trabajo N°63 que suspendió la aplicación de 83 artículos de la ley 27.802, que no es ni más ni menos que la ya famosa reforma laboral.
Los puntos de vista entre los trabajadores y el Ejecutivo están muy marcados y en posiciones completamente diferentes. Según el gobierno de Milei, la ley busca "modernizar las relaciones laborales" además de "dinamizar el mercado de trabajo" y "terminar con los curros de los juicios laborales"; sin embargo, la clase trabajadora representada con la CGT explica que vulnera derechos fundamentales de los laburantes y, en la misma línea denuncian que se quiere terminar con la organización obrera mediante la destrucción de los sindicatos.
Por su parte, el gobierno de Milei argumenta que el juez laboral que dictó la medida no tenía competencia para tratar el caso y que la CGT no tenía legitimación suficiente para representar a todos los trabajadores del país. Además, calificó la situación como de "gravedad institucional", advirtiendo que la suspensión de una ley nacional por parte de un tribunal inferior "afectaba la división de poderes y generaba incertidumbre jurídica".
Sin embargo, la Corte Suprema dio un volantazo, se "lavó las manos" y con esta resolución evitó involucrarse directamente en este momento del conflicto y ahora con su decisión, dejó que el expediente continúe su curso en las instancias inferiores es por eso que el caso ahora será tratado en el fuero Contencioso Administrativo Federal, luego de que la Cámara Nacional del Trabajo remitiera la causa a esa jurisdicción.
Por ahora, la CGT tendrá un respiro y podrá seguir el curso de la denuncia como principal impulsora del reclamo judicial que sostiene que varios artículos de la reforma laboral limitan derechos sindicales, restringen el acceso a la Justicia y afectan derechos laborales básicos. La central orbea tiene como aliado al juez Raúl Horacio Ojeda que fue el magistrado que dio lugar parcialmente a estas objeciones suspendiendo los artículos cuestionados con efectos generales y cabe destacar que por ahora, la reforma laboral sigue vigente en términos generales, pero su futuro depende del avance del expediente en las instancias judiciales inferiores. La Corte Suprema, al rechazar el per saltum, optó por mantenerse al margen en esta etapa, dejando en suspenso cualquier decisión definitiva sobre la ley que podría cercenar los derechos laborales que tanto sudor y sangre costaron conseguir.