La decisión del Gobierno de Javier Milei de avanzar por decreto con una profunda desregulación del sistema de practicaje y pilotaje desató un conflicto que ya paraliza los principales puertos del país y amenaza con extender sus consecuencias a toda la economía. La interrupción del servicio mantiene inmovilizados al menos 45 buques que aguardaban autorización para zarpar desde distintos puertos comerciales de la Argentina. Solo el costo de esa demora representa pérdidas estimadas en unos US$4,5 millones por día para el sector agroexportador, cifra que podría duplicarse hasta los US$9 millones si la situación continúa durante otras 48 horas.
Pero el impacto ya trasciende al comercio exterior. También alcanza a la industria energética, al abastecimiento de combustibles, al proyecto Vaca Muerta Oil Sur y a toda la cadena logística vinculada a las exportaciones e importaciones. El origen del conflicto es el Decreto 690/2026, firmado por el Poder Ejecutivo, que modificó un régimen vigente desde 1991 con el objetivo de abrir la actividad a una mayor competencia y reducir los costos logísticos.
Entre otros cambios, la norma elimina los cupos para matricular nuevos prácticos, habilita a capitanes extranjeros con experiencia a operar sin asistencia en determinados casos, amplía el tamaño de las embarcaciones que pueden navegar sin ese servicio y autoriza a la Prefectura Naval a prestar tareas de practicaje. Federico Sturzenegger defendió la iniciativa con una frase que rápidamente se convirtió en bandera del Gobierno. "La Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio", sostuvo el ministro al presentar la reforma.
La respuesta de los prácticos fue inmediata. Aunque no existe un paro formal ni una medida sindical, numerosos profesionales independientes comunicaron que no aceptarán nuevos contratos mientras analizan las implicancias del decreto. Esa particularidad dejó al Gobierno sin una de sus principales herramientas para intervenir. Al no existir técnicamente un conflicto laboral, el Poder Ejecutivo no puede dictar una conciliación obligatoria, situación que complejiza todavía más la resolución de la crisis.
Mientras tanto, la Prefectura Naval intimó a los profesionales a retomar las tareas al considerar que se trata de un servicio esencial, aunque la actividad continúa prácticamente paralizada en todos los puertos del país. Desde el sector agroexportador advierten que las consecuencias ya son críticas.
El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), Gustavo Idígoras, describió un escenario de máxima preocupación. "La afectación es total. Esto alcanza el 100% de las operaciones de todos los buques del país, los que traen autos, los que descargan combustible, todos, todos los puertos, los barcos que circulan por Asia y desde la Argentina están paralizados."
El dirigente explicó que cada embarcación inmovilizada representa un costo enorme. "Hay un costo del retraso de circulación de entre 50 y 100.000 dólares por día." Pero además advirtió que el problema puede escalar rápidamente. "El productor también va a tener problemas para entregar su mercadería, sus granos a puerto porque también hay una capacidad de almacenamiento y ya se va a colapsar. Por lo tanto, toda la cadena de suministro se va a cortar si esto continúa un día más."
En otra advertencia, Idígoras sostuvo que el país incluso podría sufrir consecuencias comerciales internacionales. "Cada demora de barco es un taxi que va cobrando entre 50 y 100 mil dólares por día" y alertó que "Argentina puede entrar en una lista de país sucio, un país inseguro a la hora de cumplir con sus contratos de exportación". La Cámara de Puertos Privados Comerciales expresó su "más profunda preocupación" por el conflicto y advirtió que la interrupción del practicaje "frena las exportaciones e importaciones, interrumpe el ingreso de divisas, quiebra las cadenas de suministro y pone en riesgo la reputación de la Argentina".
La entidad sostuvo que la acumulación de buques demorados representa "un freno directo e inmediato sobre la economía nacional", ya que paraliza el transporte terrestre, compromete la capacidad de almacenamiento de las terminales y expone a los exportadores a penalidades contractuales y mayores costos logísticos. Pese a cuestionar el esquema vigente, la propia cámara reclamó la conformación urgente de una mesa de negociación entre el Gobierno y los profesionales para restablecer la navegabilidad antes de que las pérdidas sigan creciendo. La crisis portuaria también comenzó a sentirse en la industria petrolera.
La construcción de la terminal offshore del proyecto Vaca Muerta Oil Sur quedó detenida por las restricciones operativas en el puerto de Bahía Blanca. Al mismo tiempo, la Cámara Argentina de Energía confirmó que las operaciones portuarias de sus empresas asociadas permanecen interrumpidas por la indisponibilidad de prácticos y advirtió que podrían aparecer inconvenientes en el abastecimiento. Por ahora, las empresas aseguran que existen alternativas logísticas y capacidad de almacenamiento suficiente para evitar faltantes.
Sin embargo, reconocen que si el conflicto se prolonga dos o tres días más comenzarán los problemas para abastecer de combustibles a Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut, mientras que una paralización de una semana podría obligar incluso a reducir la producción petrolera tanto en Vaca Muerta como en la cuenca del Golfo San Jorge. Lejos de mostrar señales de negociación, la Casa Rosada anticipó que avanzará con sanciones. El vocero presidencial Adrián Ravier confirmó que el Ejecutivo castigará a quienes participan de la retención de tareas. "No tengo detalle sobre las sanciones que van a ocurrir, pero van a ocurrir", afirmó.
Según explicó, el objetivo del Gobierno es reducir los costos logísticos mediante una mayor competencia. "El Gobierno está tratando de bajar el costo argentino y eso se resuelve con competencia, se busca permitir que puedan entrar nuevos 'jugadores' con precios más competitivos para lograr un costo menor." Y agregó que "es un servicio esencial y estas personas tienen la obligación de mantenerlo". Mientras el Gobierno sostiene que la desregulación permitirá abaratar costos y hacer más competitivo al comercio exterior, el resultado inmediato fue exactamente el inverso. La falta de acuerdo con uno de los actores centrales del sistema terminó paralizando el movimiento portuario desde Ushuaia hasta la Hidrovía Paraná-Paraguay, bloqueando cerca del 80% del comercio exterior argentino y generando pérdidas millonarias.