La causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni, da un nuevo paso con un movimiento clave en el Ministerio de Defensa y tiene que ver con una medida, ordenada por el juez federal Sebastián Casanello a pedido del fiscal Guillermo Marijuán que busca nada más y nada menos que esclarecer cómo se constituye el patrimonio del actual diputado provincial bonaerense pero, sobre todo analizar su paso por distintos cargos en el Estado nacional.
El procedimiento consistió en la recolección de documentación relacionada con las designaciones de Adorni desde su ingreso como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa en diciembre de 2023, durante los primeros días de la gestión presidencial de Javier Milei.
Luego, en junio de 2025 asumió como titular del Instituto de Ayuda Financiera para el pago de retiros y pensiones militares (IAF) y, como si fuera poco, actualmente ocupa una banca en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires como integrante del bloque de La Libertad Avanza.
La investigación, impulsada por una denuncia de la diputada Marcela Pagano, se centra en un presunto incremento patrimonial del 84% en un año. Marijuán, quien tiene delegada la causa, ya solicitó información a más de 30 organismos y entidades, entre ellos ARCA, AGIP y ARBA, para analizar declaraciones juradas, bienes registrables, regímenes de facturación y posibles infracciones.
Además, se ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni para profundizar en el análisis y, otro punto clave es la solicitud a Migraciones para detallar los viajes realizados por el diputado al extranjero y, en caso de cruces terrestres, identificar a todos y cada uno de sus acompañantes para determinar si los movimientos financieros y patrimoniales del legislador provincial son compatibles con sus ingresos como funcionario público.
Por su parte, el juez Casanello, quien reemplazó temporalmente a Daniel Rafecas, ordenó recopilar copias del legajo personal de Adorni y las declaraciones juradas patrimoniales correspondientes en sus tan variados cargos públicos que ocupó desde 2023; esta documentación será clave para determinar si existe alguna irregularidad en la evolución de su patrimonio.
Cabe recordar que esta causa es independiente a la que se sigue contra su hermano Manuel Adorni quien también es investigado por presunto enriquecimiento ilícito en un expediente a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.
Ahora, con estas nuevas medidas, la Justicia avanza en una investigación que podría tener repercusiones muy fuertes en Casa Rosada aunque el presidente Javier Milei defienda a capa y espada a los buenos hermanos Manuel y Francisco Adorni.