La Corte Suprema de Justicia dio un nuevo paso en la ejecución de la condena por la causa Vialidad al dejar firme el decomiso de $684.990.350.139,86 que deberán afrontar solidariamente la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el empresario Lázaro Báez y el resto de los condenados por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal rechazó por inadmisibles los recursos extraordinarios presentados por las defensas de Cristina Kirchner y de Báez, consolidando así el monto actualizado del decomiso y habilitando el avance de las medidas de ejecución patrimonial, entre ellas la tasación y eventual remate de bienes. La resolución representa un nuevo revés judicial para la ex mandataria, quien cumple desde hace un año la condena de seis años de prisión bajo el régimen de arresto domiciliario e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La causa Vialidad investigó el direccionamiento de 51 licitaciones de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, período durante el cual, según la sentencia, se desarrolló una maniobra de administración fraudulenta que benefició sistemáticamente al Grupo Austral, perteneciente a Lázaro Báez, provocando un millonario perjuicio para el Estado nacional. El Tribunal Oral Federal N.º 2 había fijado originalmente, en la sentencia dictada el 6 de diciembre de 2022, un decomiso de $84.835.227.378,04, aunque dejó establecido que esa cifra sería actualizada una vez que la condena quedara firme.
Luego de que la Cámara Federal de Casación Penal confirmara la sentencia en noviembre de 2024 y de que la propia Corte Suprema rechazara en junio de 2025 los recursos contra las condenas, el Tribunal Oral ordenó avanzar con la ejecución del decomiso y solicitó al Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte que actualizara el monto. Tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC entre noviembre de 2022 y mayo de 2025, la cifra ascendió a $684.990.350.139,86, monto que ahora quedó definitivamente firme.
La defensa de Cristina Kirchner, encabezada por Carlos Beraldi y Ariel Llernovoy, intentó frenar esa actualización argumentando que el monto inicial tenía carácter provisorio y cuestionó que se utilizara el IPC para calcular la actualización. Anteriormente, los abogados también habían sostenido que la acusación fiscal pretendía "sustituir el decomiso legal por un mecanismo resarcitorio ajeno al proceso penal, que afecta de modo directo las garantías constitucionales y convencionales de legalidad, culpabilidad, trascendencia de la pena y derecho de propiedad".
Asimismo, denunciaron una supuesta "litispendencia", al considerar que existían procesos patrimoniales paralelos que vulneraban la prohibición de doble persecución, y cuestionaron que el decomiso alcanzara el período comprendido entre 2003 y 2015, al sostener que respecto de Cristina Kirchner únicamente debía computarse desde 2009. Por su parte, la defensa de Lázaro Báez también buscó impedir la ejecución del decomiso al sostener que el trámite debía quedar en manos del Tribunal Oral Federal N.º 4, debido a la condena que el empresario ya posee en la causa conocida como la Ruta del Dinero K.
Sin embargo, tanto la Cámara Federal de Casación Penal como ahora la Corte Suprema rechazaron esos planteos y ratificaron que corresponde al Tribunal Oral Federal N.º 2 llevar adelante toda la etapa de ejecución patrimonial derivada de la condena por administración fraudulenta. La resolución del máximo tribunal también dejó sin efecto los pedidos para suspender las medidas patrimoniales y los planteos de nulidad formulados por las defensas. Como consecuencia, el Tribunal Oral ya comenzó a avanzar sobre un universo de 111 bienes alcanzados por el decomiso.
Entre las primeras medidas figura la tasación de distintas propiedades ubicadas en el sur del país con vistas a una futura ejecución. El escenario patrimonial presenta además una diferencia significativa entre los condenados. Mientras buena parte de los bienes de Lázaro Báez ya fueron liquidados en el marco de la quiebra de Austral Construcciones y de la condena por lavado de dinero en la causa Ruta del Dinero K, Cristina Kirchner continúa siendo una de las principales condenadas con activos sobre los cuales podría hacerse efectiva la ejecución. La causa Vialidad concluyó con condenas para nueve ex funcionarios y empresarios. Además de Cristina Kirchner y Báez, fueron condenados el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi, Mauricio Collareda, José Raúl Santibáñez y Raúl Osvaldo Daruich, todos hallados responsables de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.