El Gobierno protagonizó una escena poco habitual incluso para la dinámica parlamentaria argentina: envió al Congreso la reforma del Régimen Penal Juvenil, la retiró al día siguiente y anunció que la reenviará corregida. El motivo fue simple y político a la vez: el texto fijaba la edad de imputabilidad en 13 años cuando el acuerdo con aliados era en 14. La explicación oficial intentó bajarle el tono al papelón. "Hubo una desinteligencia. No se va a retirar el proyecto, lo van a volver a mandar con 14. Pero sigue el plan de conseguir el dictamen mañana y sesionar el jueves", admitieron desde el bloque de La Libertad Avanza.
El problema es que no se trataba de un detalle técnico sino del corazón de la reforma penal. La baja de la edad de punibilidad es uno de los debates más sensibles en materia de política criminal, y el Ejecutivo envió al Congreso una versión distinta a la negociada previamente con el PRO y la UCR. "Ese fue el consenso", remarcaron desde los bloques aliados. La corrección exprés revela la fragilidad del armado político oficialista: primero redacta, después negocia.
Y cuando no cierran los votos, reescribe sobre la marcha. El nuevo texto volverá al esquema acordado: imputabilidad desde los 14 años, penas diferenciadas respecto del régimen adulto y un máximo de 15 años de prisión para delitos graves. También incorpora partidas presupuestarias por más de 23 mil millones de pesos para su implementación, una inclusión que en la versión anterior quedaba librada a la discrecionalidad de la Jefatura de Gabinete y que hacía sospechar que la ley podía terminar sin aplicación real.
La iniciativa prevé institutos especiales, acceso a educación, atención médica y tratamientos de adicciones, además de patrocinio jurídico gratuito y asistencia psicológica. En los delitos menores se priorizan sanciones no privativas de libertad y reparación del daño. En el discurso, el enfoque apunta a la reinserción social; en la práctica política, el apuro está puesto en mostrar respuesta frente a la agenda de inseguridad.
La urgencia explica el cronograma acelerado: constitución de comisiones por la mañana, dictamen al día siguiente y sesión en cuestión de horas. El principal operador del oficialismo en Diputados, Gabriel Bornoroni, impulsó avanzar "de manera exprés" para llegar al recinto esta misma semana. El episodio deja una imagen contradictoria: el Gobierno intenta instalar orden y dureza penal, pero exhibe desorden legislativo. En lugar de un debate madurado, la reforma aparece como una pieza más dentro de la estrategia de impacto político inmediato. Así, una ley destinada a modificar el sistema penal juvenil nació con un error básico de consenso.