La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el organismo que debía garantizar tratamientos a uno de los sectores más vulnerables del país, quedó en el centro de un escándalo judicial de dimensiones extraordinarias. El juez federal Sebastián Casanello procesó al ex titular del organismo durante el gobierno de Javier Milei, Diego Spagnuolo, por negociaciones incompatibles con la función pública, fraude al Estado, cohecho pasivo y asociación ilícita en calidad de jefe.
El embargo impuesto asciende a $ 202.828.725.464. La resolución sostiene que dentro del organismo funcionó una estructura organizada para el desvío sistemático de fondos públicos vinculados a medicamentos e insumos de alto costo destinados a beneficiarios sin cobertura médica. Según el magistrado, la agencia fue convertida en una maquinaria de negocios ilegales. El fallo es contundente: "La Agencia fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad".
El fiscal Franco Picardi había advertido que funcionarios y privados "integraron una organización delictiva a los fines de cometer ilícitos que les permitió obtener amplias sumas de dinero de manera indebida, en perjuicio de la administración pública". De acuerdo con la investigación, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 la ANDIS operó como "el centro de operaciones" de múltiples maniobras. La fiscalía describió al organismo como: "una ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados"; adjudicaciones fuera del marco legal; sobreprecios para proveedores vinculados y pagos indebidos a funcionarios.
Las contrataciones investigadas estaban ligadas a prestaciones PACBI: medicamentos biológicos, tratamientos prolongados y cirugías de alta complejidad destinados a personas con discapacidad o en extrema vulnerabilidad, madres con siete hijos, adultos mayores pobres y beneficiarios de pensiones no contributivas. Para el juez, la organización "estuvo abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal, en detrimento del erario público y en particular de la población con discapacidad y especialmente vulnerable". Junto a Spagnuolo fueron procesadas otras 18 personas, entre ex funcionarios y empresarios.
La Justicia identificó cuatro presuntos jefes: el propio Spagnuolo, su número dos Daniel Garbellini, el lobbista Miguel Ángel Calvete y el ex director Pablo Atchabahian. El fallo describe un "entramado de corrupción institucional" donde autoridades y operadores externos actuaban coordinadamente para direccionar licitaciones y asegurar ganancias privadas. "La organización desplegó sus actividades delictivas (...) destinada a cometer ilícitos contra la administración pública y obtener ganancias indebidas en desmedro del erario público", concluyó Casanello.
Además, el juez advirtió que el esquema podría ser mayor: "no se trató de algo encapsulado y podría tener otro nivel de complicidades". Spagnuolo no era un técnico del área sino un dirigente cercano a Javier Milei desde antes de su llegada a la política. Había patrocinado al presidente en causas judiciales, visitaba frecuentemente la quinta de Olivos y fue designado pese a no tener experiencia en discapacidad. Su paso por la agencia estuvo rodeado de polémicas. En un encuentro con la familia del niño autista Ian Moche, según relató la madre, respondió a reclamos por asistencia estatal: "¿Por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no?".
Fue removido del cargo luego de que se difundieran audios que lo comprometían, aunque esos registros no fueron utilizados como prueba en la causa. El aspecto más grave del expediente no es solo el monto millonario: el dinero presuntamente desviado correspondía a tratamientos médicos esenciales. La ANDIS administra el programa Incluir Salud, destinado justamente a quienes no tienen otra cobertura. En términos judiciales, el fraude afectó al Estado. En términos humanos, a personas enfermas. La investigación continúa y podría escalar a otras responsabilidades políticas. Mientras tanto, la causa deja una pregunta inevitable: cómo el organismo encargado de proteger a la población más frágil terminó -según la Justici- funcionando como un sistema de negocios privados dentro del propio Estado.